{# #} {# #}
La Ley N° 154, que estableció la creación de la Escuela Provincial Profesional de Mujeres en Zapala en 1960, fue la primera normativa que incluyó la palabra "mujer" en su texto. Sin embargo, en aquel momento, la institución se enfocaba en la mejora del desempeño doméstico de las alumnas, ofreciendo asignaturas como Economía Doméstica, Lencería y Bordado, siguiendo los paradigmas de la época.
Con el tiempo “la sociedad cambió a la Escuela”, se eliminaron las instituciones exclusivas para mujeres o varones, y todo eso quedó plasmado en la Ley Orgánica de Educación de 2014 que promueve una mirada más inclusiva, igualitaria y democrática.
En 1969, la salud de las mujeres aparece por primera vez en la agenda pública a través del decreto-ley N° 578, dedicado a la salud de las embarazadas. Esta norma se centraba solo en un momento crucial de la vida de las mujeres, dejando de lado otros problemas de salud.
Quizá la alta tasa de mortalidad materno infantil de la época pudo haber influido en dicha priorización. Además, el hecho de que el artículo 50 de la normativa hiciera referencia a la presencia de un "médico, de preferencia especializado en obstetricia" para el monitoreo del embarazo, parto o puerperio reflejaba una visión masculinizada del rol profesional que no cambiaría en la norma hasta 2010, cuando se modificó la Ley de ejercicio de la Obstetricia para referirse a los "profesionales obstétricos/as".
Por otro lado, en 2018 se sancionó la Ley 3137 que ya no se enfoca exclusivamente en el embarazo y los problemas de salud que pueda acarrear, sino en la cobertura de la cirugía reconstructiva mamaria como consecuencia de una mastectomía oncológica.
Otro avance importante se logró en 1997 con la sanción de la Ley 2222 de Salud Sexual y Reproductiva, la cual fue modificada en 2003 para incluir la contracepción mediante prácticas quirúrgicas.
En la mitad del siglo pasado, las mujeres podían lograr la inserción laboral fuera del hogar a través de trabajos como maestras de manualidades o costureras, entre otros. Eran tiempos en los que tanto a nivel nacional como provincial, los derechos laborales de las mujeres eran tratados en un mismo capítulo con los de los menores, como se puede ver por ejemplo en la Ley 871 (que regulaba el comercio en el Departamento Confluencia) y la N° 384 (creación de la Dirección General del Trabajo).
Luego, la normativa pasó a enfocarse en la maternidad, estableciendo diferentes regímenes de licencia, hasta que en 2009 se aprobó la Ley 2670 (Régimen de Negociaciones colectivas salariales del Poder Judicial), donde por primera vez se establece la participación proporcional de mujeres delegadas en cada negociación colectiva, algo que hoy es habitual en diversos convenios colectivos de trabajo.
En cuanto a la participación de las mujeres en cargos electivos, la Ley 2161 estableció que cada dos candidatos de igual sexo, uno debía ser del otro sexo. Es importante destacar que la ley habla de "sexos" y no de "género".
Hasta ese momento, solo el 14% de las bancas legislativas en la historia habían sido ocupadas por mujeres. Con la implementación de la nueva ley, la participación trepó al 30% entre 1999 y 2019, aunque siguió siendo un verdadero techo de cristal. Años más tarde, en el Régimen Electoral Provincial sancionado en 2016, se estableció que las listas debían conformarse con candidatos de distinto género de manera intercalada. El efecto fue inmediato y desde 2019 el 49% de las bancas están ocupadas por mujeres. Poco tiempo después, el nuevo Régimen Electoral fue nuevamente modificado para que los reemplazos en caso de muerte, renuncia, separación, inhabilidad o incapacidad se hicieran siguiendo el orden de los candidatos de las listas oficializadas, respetando el género.
Aunque en el pasado se promulgaron leyes que reflejaban una visión sesgada hacia el papel de la mujer, con el tiempo se han introducido normativas más inclusivas, igualitarias y democráticas.
Desde la fundación de la Escuela Provincial Profesional de Mujeres en 1960 para las tareas domésticas, pasando por la participación de mujeres en las negociaciones colectivas sindicales, el fortalecimiento en la participación política, y la promulgación del nuevo régimen de licencias familiares (Ley 3358), que reconoce que la responsabilidad del cuidado no recae exclusivamente en las mujeres, se han producido avances significativos. A pesar de estos logros, aún queda muchísimo por hacer para lograr la igualdad de género real y erradicar la violencia y la misoginia.
Es esencial que las leyes estén respaldadas por instituciones que funcionen y que estas últimas sean parte de una cultura que las apoye. Por lo tanto, el cambio debe abarcar también la forma en que todos nos relacionamos como sociedad.