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El Municipio tenía concesionado uno de los radares considerados ilegales. Finalizaron el vínculo hace dos meses, pero continúan llegando multas.
La ley busca poner fin a un reclamo recurrente de cientos de rionegrinos y automovilistas de otros puntos del país que reciben multas de radares que en muchos casos desconocían haber cruzado. Los radares cuestionados son los instalados por Municipios, no por la Agencia Provincial de Seguridad Vial (APSV) y entre las diferencias más notorias entre unos y otros se encuentra la señalización previa.
Campo Grande es una de las localidades rionegrinas que tenía los puntos de control de velocidad considerados clandestinos. El intendente, Daniel Hernández, aclaró que el uso de radar estaba concesionado y la baja del contrato se hizo hace dos meses.
El presidente del concejo municipal de Campo Grande sostuvo que el contrato, que se firmó en una administración anterior y con vigencia original hasta 2027, se dio de baja luego de un análisis del área legal. Sostuvo que había preocupación por las eventuales demandas económicas que las multas podrían ocasionar al Municipio.
"A nosotros nos preocupa que esto traiga una lluvia de demandas contra el Municipio", manifestó el jefe comunal tras la sanción de la ley que regula los radares y busca terminar con el cobro de infracciones a través de convenios entre Municipios y empresas privadas, sin obtener el respaldo de Seguridad Vial.
Hernández no opinó sobre la cuestión de fondo, pero dejó el fin del contrato supone un apoyo al análisis de los legisladores rionegrinos. "Si la legalidad de las infracciones depende de la autorización de la Provincia, lo que hay que decir es que la empresa nunca estuvo autorizada", dijo a LU19.
El intendente de Campo Grande advirtió que el Municipio aún recibe reclamos de vecinos y personas de otras ciudades que fueron notificadas de multas antiguas, pese al fin del vínculo con el Municipio. "La empresa sigue enviando infracciones, notificaciones, multas viejas, incluso las que habían sido pagadas y como no tiene un punto de atención en Campo Grande, hay reclamos al Municipio".
Desde la Defensoría del Pueblo de Río Negro aseguran que las multas realizadas con radares no habilitados no tienen validez.
La iniciativa aprobada otorga a la Agencia Provincial de Seguridad Vial (APSV), un plazo de 90 días para regularizar en todo el territorio provincial, el funcionamiento de los radares controladores de velocidad en todo los caminos y rutas existentes.
Además, prohíbe el funcionamiento de radares en la provincia, que no cuenten con la autorización de la Agencia Provincial de Seguridad Vial (APSV) y establece un procedimiento único para la autorización de los mismos.
“La mayoría de los radares en la provincia no cuentan con los requerimientos mínimos que deben tener para cumplir su función preventiva, y terminan siendo una “trampa caza bobos” solo con fines recaudatorios”, subrayó el presidente del bloque, Javier Acevedo.
Uno de los puntos más importantes que propone la Ley es la nulidad de todas las actas de infracción labradas, y las que, habiendo sido labradas con anterioridad, aún no hayan sido abonadas por los presuntos infractores, debiendo el Juzgado de Faltas competente ordenar de oficio su archivo.
En relación a este punto, durante el tratamiento de la Ley, el bloque pidió sustituir el artículo que establece la nulidad de las multas, agregando una “excepción de aquellas infracciones labradas a camiones de carga de arena silícea con fines de actividad industrial”.
La Ley fue sancionada por unanimidad y será enviada al Poder Ejecutivo para su publicación en el Boletín Oficial.
En marzo, el gobierno de Río Negro había emitido un informe sobre los radares habilitados. Por ese entonces, se indicó que la Ruta Nacional Nº 22 cuenta con dos fijos con jurisdicción en Villa Regina, los cuales controlan el ascendente y descendente. En el kilómetro N° 859 de la misma ruta también hay un radar correspondiente a Río Colorado, al igual que en la RN 151 a la altura de Cipolletti y de Sargento Vidal.
La RN 250 cuenta con un radar en el ingreso a Lamarque, mientras que la Ruta 3, en Sierra Grande, también tiene la presencia de radares. Además, en el territorio rionegrino también hay radares habilitados por la Agencia Nacional de Seguridad Vial, como lo son los que se encuentran en el Municipio de Dina Huapi, sobre la Ruta Nacional 40, en Bariloche y El Bolsón y en la RN 151 a la altura de Contralmirante Cordero.
El informe también detalló los radares que no están autorizados ni por Provincia ni Nación: uno se encuentra en la RN 251, en Conesa; en la RN 22 en cercanías de Darwin y se contabilizaron los que funcionaban en Campo Grande, en la Ruta Nacional 151 y la Ruta Provincial 69.
Todos esos radares se manejan con ordenanzas municipales y pese a que los municipios fueron notificados, continuaron funcionando y notificando a quienes infraccionaron, en una clara maniobra recaudatoria.