Opositores bloquearon rutas internacionales en Bolivia

Control militar
El gobierno reforzó el control militar de las instalaciones ante la amenaza de toma de campos petroleros y cierre de válvulas de gasoductos que exportan gas a Brasil y la Argentina; además anunció que enjuiciará a las autoridades y dirigentes cívicos que hagan efectivas esas ocupaciones y decretó que los costos de la protesta serán descontados a los departamentos que la llevaran adelante.
“Las protestas van a seguir y se incrementarán”, advirtió la dirigente cívica de Tarija Patricia Galarza, según reportó el diario cochabambino Los Tiempos.
La nueva medida de fuerza se sumó al corte de envío de carne vacuna desde el oriente ganadero, controlado por prefectos opositores, y a un paro de 24 horas realizado el martes pasado.
Como en esos casos, se realizó en demanda de la restitución de fondos generados por el Impuesto Directo a los Hidrocarburos (IDH), que el gobierno central quitó a las provincias para cofinanciar una renta universal a la vejez.

Contra la Constitución reformada
También se propone evitar la ratificación en un referendo de la nueva constitución -aprobada en diciembre por la Asamblea Constituyente pero aún no sancionada-, que postula incorporar las autonomías departamentales, municipales y de las comunidades indígenas, y consagrar la nacionalización de los recursos naturales y la reforma agraria.
Morales viajó a Tegucigalpa, donde se encontró con sus pares de Venezuela, Hugo Chávez; Ecuador, Rafael Correa, y Nicaragua, Daniel Ortega, para suscribir la incorporación de Honduras a la Alternativa Bolivariana para las Américas (ALBA).
Por otra parte, los prefectos de Santa Cruz, Rubén Costas; de Pando, Leopoldo Fernández; de Chuquisaca, Savina Cuéllar, y de Tarija, Mario Cossío, mantuvieron una reunión donde decidieron dialogar con el gobierno.
En tanto, la federación de campesinos e indígenas de Chuquisaca, que desde hace seis días mantiene un bloqueo de rutas a Sucre anunció el corte del suministro de agua a esa ciudad, como forma de radicalizar su demanda para que la prefecta Cuéllar reconozca a las autoridades municipales electas en cabildos abiertos.