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Continúan los problemas para Leonardo Barone, el piloto del presidente Alberto Fernández que comanda el avión presidencial. El aviador se hizo famoso hace casi un mes por su peligroso sobrevuelo en Aeroparque cuando llegó la nueva aeronave a la argentina, ahora está con procesamiento firme y camino a juicio oral por fraude contra la administración pública y falsificación en una operación de venta de 10 aeronaves al Estado. La causa se inició en 2019 tras una denuncia de la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC) por la falsificación de las pólizas vinculadas a esa transacción.
En esta causa Barone está camino a enfrentar un juicio oral y público. Allí fue procesado por el juez federal Daniel Rafecas por fraude el 28 de noviembre de 2022 en la causa CFP 5215/2019 del juzgado federal 6 que subroga y esa decisión fue confirmada por la Cámara Federal el 13 de febrero pasado, con la firma de los jueces Martín Irurzun y Eduardo Farah con la disidencia parcial de Alberto Boico. Ahora se trabaja en la elevación del caso a juicio.
La causa fue iniciada en 2019 por Gimena Fernández Patri como apoderada de la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC). El organismo le había comprado mediante una licitación 10 aviones de entrenamiento a Global Jet Aviation S.A, de la que actualmente Barone es accionista, pero en ese momento era apoderado, con Ernest Sajnin era director suplente, junto con el fallecido Raul Larumbe y Cristian Villarreal, socio fundador.
La empresa se comprometió a entregar 10 aeronaves de instrucción básica a cambio de 7.982.550 pesos, pero sólo entregó 4 aeronaves. Por eso la ANAC quiso averiguar sobre las pólizas del seguro de caución de la compañía Zurich, aportadas al trámite de licitación por Global Jet Aviation para ejecutarlas. Pero la empresa de seguros informó que eran apócrifas. Explicó que si bien la persona que firmaba las pólizas había trabajado en la compañía de seguros la empresa Global Jet Aviation S.A. no figuraba como uno de sus clientes.
Los peritajes determinaron que la firma insertada en las pólizas no había sido efectuada por la empleada de la aseguradora. Sajnin dijo ante la justicia que si bien era director no tenía incidencia en el devenir diario de la empresa. Mencionó que ni siquiera sabía de la licitación. Villarreal, en tanto, señaló que fue “uno de los socios iniciales de la empresa” pero que luego vendió sus acciones a Sajnin.
Fuentes cercanas a la defensa de Barone dijeron que él “intervino en el proceso como apoderado de la empresa adjudicataria (Global Jet). Pero sostenemos que nunca supo sobre el tema de las pólizas”. Agregaron que “toma conocimiento cuando lo notifican de la formación de la causa y acompaña nuevas pólizas en sustitución ante la ANAC”. Sostuvieron que “el contrato de licitación está vigente” y que “no hubo ninguna intimación, ni ejecución a la empresa”.
Hicieron hincapié en que “el Estado no recibió ningún daño porque las cuatro aeronaves que el Estado pagó se entregaron y están en su poder desde 2014″, y que las seis restantes no se vendieron porque, aseguraron, fue la propia ANAC la que decidió no continuar con la operación en 2015, tras el cambio de administración del kirchnerismo al macrismo.
El piloto Barone dijo ante la justicia que siguió instrucciones de quien era director y “alma mater” de Global Jet, Raúl Eduardo Larrumbe, ya fallecido. “Mi actuación en la ejecución de la licitación fue en el carácter de apoderado de la sociedad” dijo y mencionó que participó en diferentes proyectos pero que no tuvo participación en la emisión de las pólizas.
“La persona que se ocupaba del armado de la operación y de la negociación era su director, dándome a mí instrucciones sobre cómo proceder o presentaciones a realizar. En estas condiciones, puedo aseverar que desconocía que las pólizas eran apócrifas”, dijo Barone al juez. Agregó que cuando supo del problema sustituyó las pólizas por otras de otra aseguradora y que no hubo perjuicio patrimonial porque la ANAC solo pagó las 4 aeronaves entregadas. “No hubo pagos adicionales. Atento a lo cual, no existió perjuicio alguno al Estado Nacional”, dijo Barone en su declaración.
El juez Rafecas, a la hora de valorar el descargo del piloto, dijo que no averiguó que había ocurrido con las pólizas de Zurich y “pareciera ser que el propio apoderado Barone tenía la potestad de tramitar pólizas de caución, dato que tiene su correlación con las amplísimas facultades que se le otorgaron”. Asimismo, enumeró el juez que intervino en diversos momentos de la licitación desde la apertura de sobres hasta los pedidos de prórroga para completar la entrega de los aviones.
Barone, de 52 años, director de Logística de Presidencia y responsable de la flota aérea presidencial, quedó en el centro de la polémica tras la llegada del ARG 01, un Boeing 757 con el que el Estado argentino reemplazó al Tango 01, por casi 25 millones de dólares, y que él trajo al país en medio de la maniobra cuestionada que le valió otra denuncia.