La historia comenzó en 2006, cuando decidió transferir una casa a sus dos hijos mediante escritura pública, pero con el paso del tiempo rodo cambió.
Una mujer intentó recuperar por vía judicial una vivienda que le había donado a sus hijos casi dos décadas atrás. En la demanda se estableció que la relación con uno de ellos se deterioró con el paso de los años hasta derivar en una convivencia conflictiva, denuncias y una disputa por el uso de la propiedad familiar.
Convencida de que había sido víctima de malos tratos y que su hijo había incurrido en conductas que justificaban dejar sin efecto la transferencia del inmueble, presentó una acción para revocar la donación por la causal de ingratitud.
El caso llegó al Juzgado en lo Civil y Comercial N.º 10 de Morón, donde se analizó si los hechos denunciados alcanzaban la gravedad exigida por la ley para anular una donación, ya concretada, de una vivienda ubicada en Hurlingham.
La resolución terminó definiendo los límites de una herramienta jurídica excepcional que solo puede aplicarse cuando existen pruebas contundentes de ofensas graves contra quien entregó el bien.
La historia comenzó en 2006, cuando la mujer decidió transferir una casa en Hurlingham a nombre de sus dos hijos mediante escritura pública.
La vivienda había sido la residencia familiar desde principios de los años noventa y la operación se realizó sin reserva de usufructo ni de ningún otro derecho que garantizara a la madre el uso futuro del inmueble.
Durante varios años la situación no generó conflictos judiciales. Con el tiempo, la relación entre la mujer y uno de sus hijos comenzó a deteriorarse. En la demanda presentada en agosto de 2021, la madre relató que la convivencia se volvió cada vez más difícil y que los problemas se intensificaron después de que su hijo iniciara una nueva relación de pareja.
Las discusiones derivaron en episodios de hostigamiento y situaciones que terminaron por dejarla fuera de la vivienda durante la pandemia.
La mujer aseguró que en julio de 2020 su hijo retiró sus pertenencias del inmueble y le impidió regresar. A raíz de esa situación realizó denuncias policiales y recurrió a la Justicia de familia para intentar recuperar el acceso al lugar donde había vivido durante décadas.
Con esos antecedentes, la mujer promovió una demanda para obtener la revocación de la donación. La presentación se basó en la figura jurídica de la ingratitud del donatario, prevista por el Código Civil para situaciones excepcionales en las que quien recibe un bien incurre en conductas especialmente graves contra el donante.
La demandante afirmó haber sufrido violencia, amenazas y diversas formas de hostigamiento. También sostuvo que quedó en una situación económica delicada mientras su hijo continuaba ocupando la propiedad.
Del otro lado, el demandado rechazó todas las acusaciones. Según planteó durante el proceso, los conflictos familiares eran anteriores a los hechos denunciados y existían enfrentamientos permanentes entre distintos integrantes de la familia.
Además, sostuvo que las denuncias por violencia respondían a una dinámica conflictiva de larga data y negó haber cometido actos que pudieran justificar la anulación de la donación.
Durante el juicio se incorporaron testimonios, informes psicológicos y documentación proveniente de expedientes tramitados en otros fueros.
Al momento de dictar sentencia, la jueza recordó que la revocación de una donación por ingratitud constituye una medida excepcional y que la ley exige acreditar hechos de especial gravedad.
La resolución destacó que no cualquier conducta reprochable permite revertir una transferencia realizada voluntariamente. También remarcó que la propiedad había sido donada sin ninguna cláusula que garantizara a la madre el derecho de seguir habitándola ni una reserva de usufructo que limitara el alcance de la operación realizada en 2006.
Tras analizar toda la prueba reunida, el tribunal concluyó que el expediente describía un conflicto familiar complejo, atravesado por denuncias cruzadas, disputas patrimoniales y tensiones personales.
Los informes psicológicos incorporados al caso señalaron dificultades de ambas partes para aportar información consistente y reflejaron un escenario de enfrentamiento prolongado.
Por esos motivos, la Justicia decidió rechazar la demanda y mantener vigente la donación de la vivienda. Además, impuso las costas del proceso a la parte reclamante, aunque mantuvo el beneficio de litigar sin gastos que le había sido reconocido previamente.