Las agrupaciones, entre ellas el Polo Obrero y la CCC entre otras, advierten que el conflicto podría escalar en los próximos días.
En las últimas horas anunciaron que se llevarán a cabo movilizaciones encabezadas por organizaciones sociales, con piquetes en accesos clave del Área Metropolitana de Buenos Aires y réplicas en el interior.
El reclamo apunta a una medida que afecta de forma directa a cerca de 950.000 familias y que según los manifestantes, profundiza la crisis económica en los sectores más vulnerables.
El conflicto no solo expone una tensión entre el Gobierno y los movimientos sociales. También abre un debate más amplio sobre el modelo de asistencia, el empleo y el rol del Estado en un contexto de recesión.
Según precisaron las organizaciones sociales, la protesta que comenzó este martes, se llevará a cabo en todo el país la próxima semana con múltiples piquetes, y se debe a la suspensión del programa Volver al Trabajo.
Las protestas comenzaron este martes, donde se desplegaron piquetes en más de cien puntos del país, con bloqueos en arterias clave como el Puente Pueyrredón, la General Paz y la Autopista del Oeste.
Las acciones estuvieron coordinadas por organizaciones como la Unión de Trabajadores y Trabajadoras de la Economía Popular, el Movimiento Evita, la Corriente Clasista y Combativa y el Polo Obrero, entre otras.
El detonante fue la decisión oficial de reemplazar el programa Volver al Trabajo por un sistema de vouchers orientado a la capacitación laboral. Para los movimientos sociales, esa transición implica una pérdida directa de ingresos y una reducción del dinero que circula en las economías barriales.
Referentes del sector remarcan que el impacto no se limita a quienes recibían el beneficio. También alcanza a pequeños comercios y actividades informales que dependen de ese flujo de dinero. En ese sentido, advierten que la medida puede profundizar la caída del consumo en sectores ya golpeados.
Desde las organizaciones, las críticas al sistema de vouchers son directas. Sostienen que no garantiza inserción laboral real y que, en muchos casos, presenta dificultades prácticas para quienes intentan acceder a las capacitaciones.
Uno de los cuestionamientos más reiterados apunta a la distancia de los centros de formación. Según relevamientos propios, hay beneficiarios asignados a sedes ubicadas a cientos de kilómetros de sus domicilios. Esa situación vuelve inviable la participación para personas que cuentan con ingresos muy bajos.
Además, los dirigentes señalan que el problema de fondo no radica en la falta de capacitación, sino en la ausencia de empleo formal. En ese marco, remarcan que los resultados en términos de inserción laboral son mínimos, lo que pone en duda la efectividad del nuevo esquema.
También cuestionan la falta de instancias de diálogo. Desde los movimientos sociales aseguran que no existieron convocatorias formales para discutir la medida y que el conflicto escaló sin canales de negociación abiertos.
El eje del reclamo gira en torno al impacto social de la suspensión del programa. Según estimaciones de las organizaciones, la eliminación del beneficio implica una fuerte caída de ingresos en sectores vulnerables y puede empujar a más personas por debajo de la línea de pobreza.
En paralelo, advierten que la decisión se produce en un contexto de recesión y salarios estancados, lo que amplifica sus efectos. En algunas provincias, como Chaco, el volumen de dinero que dejará de circular en la economía local es significativo, lo que podría afectar de forma directa a comercios y actividades informales.
Los cortes también buscan instalar el tema en la agenda pública. Los dirigentes reconocen que las medidas generan complicaciones en la circulación, pero sostienen que responden a la necesidad de visibilizar un problema que, según afirman, no encontraba espacio en el debate.