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La Justicia había ordenado reincorporarla, pero en cambio le ofrecieron pagarle sin que trabaje. Para ella eso es “otra forma de discriminación”.
La Justicia rechazó este lunes un pedido del Correo Argentino y dejó sin efecto el ofrecimiento que le hizo a Olga Norambuena para que cobre su sueldo sin cumplir las tareas en su puesto de la sucursal de Trelew, de donde la echaron a fines de abril de 2024, después de 18 años en funciones.
Desde entonces, el Correo se negó sistemáticamente a cumplir con las medidas cautelares dictadas por la Cámara de Apelaciones de Comodoro Rivadavia (en agosto) y por el Juzgado de Rawson (en octubre) para reincorporarla, y esa política terminó con la imposición de una multa diaria de $ 500.000 por cada día de incumplimiento.
El Correo alegó siempre que no podía darle trabajo a Olga porque su puesto no existe más, de modo que no tenía cómo cumplir el pedido de la Justicia. Pero finalmente, ante el riesgo de tener que afrontar multas, cambió la estrategia y ofreció pagarle el sueldo e inscribirla en los organismos de seguridad social -beneficio que la mujer perdió con su despido, en abril-, pero sin necesidad de que vaya a trabajar.
“Es una forma más discriminarme; yo quiero volver a trabajar y mantener a mi hija”, le dijo Olga a Diario Jornada en ese momento, quien no concebía cobrar por no hacer nada.
El 27 de abril de este año, la empleada de 46 años fue despedida del Correo Argentino de Trelew. Egresada de la Universidad Nacional de la Patagonia (UNPSJB), se desempeñaba como ejecutiva de cuentas pymes y responsable de la logística electoral.
Norambuena inició una demanda para recuperar su trabajo. Si bien la justicia decidió a su favor y un fallo ordenó su reincorporación, el jueves 14 de noviembre a la mañana, cuando se presentó en la sucursal, no le permitieron ingresar a su lugar habitual de trabajo.
Casi un mes más tarde, el 11 de diciembre, se confirmó el fallo que le daba al Correo Argentino tres días hábiles de plazo para otorgarle tareas. De lo contrario, debería pagarle una suma de $500.000 por cada día de demora.
Como el viernes posterior a esa determinación fue feriado en Chubut, el período se cumplía el martes 17. Entonces llegó la curiosa propuesta de pagarle a cambio de nada. Y la mujer insistió.
Ahora, el juez Hugo Sastre rechazó el ofrecimiento y mantuvo firme la disposición de que se efectivice la reincorporación, como ya fue dispuesto. Los abogados de la mujer, que pasó Fin de Año todavía sin su trabajo pero algo más esperanzada, esperan tener novedades durante este enero sobre la eventual reincorporación a un puesto que no quiere abandonar.
Olga era la única empleada mujer de la sucursal de Trelew, donde cumplió sus tareas durante 18 años. Es madre soltera y tenía una vida organizada junto a Bianca, una niña de 9 años con síndrome de Down.
Desde el momento de su despido, la pequeña quedó por varios meses sin acceso a las cinco terapias y a los acompañantes que solía tener.
En la mañana de su despido llegó a trabajar al Correo Argentino de Trelew como todos los días, a las 8:20 de la mañana. Entró a su oficina sin problemas, pero estando allí se llevó la sorpresa de que habían cambiado sus claves de acceso a la computadora portátil y al teléfono que utilizaba para trabajar.
Confundida por la situación, empezó a averiguar y así supo que había recibido un aviso de visita del Correo dos días antes, al que no le había dado mucha importancia pensando que se trataba de un trámite común. Era su telegrama de despido.
Cuando luego de más de seis meses de proceso judicial, la Cámara Federal de Comodoro Rivadavia dispuso su reincorporación en una causa proveniente del Juzgado Federal de Rawson, los jueces escribieron: “Dispondremos que, interinamente, hasta tanto se produzca el informe del artículo 4° de la ley 26.854, se proceda a reincorporar a Olga del Carmen Norambuena en el mismo puesto laboral que ocupaba antes del distracto y en las mismas condiciones (obra social, etc.)”, indica la sentencia.
La reincorporación “surtirá efectos desde la fecha de notificación de la presente, pues, encontrándose en juego derechos de contenido alimentario y de salud, reconocidos en nuestra legislación y en pactos internacionales, cabe no ser tan riguroso en la valoración de los requisitos habilitantes”, continuaban.
“Sobre todo -agregaron- cuando se vislumbran más graves las consecuencias para la actora ante el rechazo de la medida, que para la demandada proceder a la reincorporación, en los términos dispuestos ut supra”.
En el inicio del nuevo año, Olga todavía espera que la decisión de la Justicia se cumpla.