San Martín de los Andes > El titular de la fiscalía de la IV Circunscripción Judicial con asiento en Junín de los Andes solicitó la elevación a juicio criminal del ex titular del Registro del Automotor de esta ciudad Fernando Romero por el delito de peculado.
Tras la investigación de la denuncia que tuvo lugar a mediados de 2010, para la fiscalía Romero sería autor del delito de peculado por el cual le correspondería, en caso de ser hallado culpable, una pena de entre 2 y 10 años de prisión.
Desde el ministerio fiscal, a cargo de Manuel González, se afirma que el perjuicio contra las arcas públicas por la maniobra que se llevó adelante en el Registro Automotor asciende a 1.790.000 pesos, suma que nunca se encontró, a los que habría que sumarle 906.736 pesos en concepto de intereses, por lo tanto el desfalco sería de 2.696.736 pesos.
Maniobras
Fuentes consultadas señalaron que la maniobra consistía "en cobrar sellados por un monto y depositar otro menor, para luego corregir el recibo de depósito que quedaba en poder del titular del registro, de modo que la cifra depositada coincida con la que debería haber depositado realmente”.
Si bien en un principio se sospechaba también de un integrante de la delegación local de Rentas, la fiscalía pidió su sobreseimiento ya que se pudo determinar que la maniobra era realizada por Romero, hijo de la ex diputada justicialista Norma Miralles y hermano del actual diputado provincial Gabriel “Tom” Romero.
Los hechos investigados habrían tenido lugar entre enero de 2007 y abril de 2010, período en que el director de Rentas de la Provincia realizó la denuncia de rigor ante las presuntas irregularidades detectadas en el Registro del Automotor que derivaron en la intervención del mismo y la participación del fiscal de Estado, Raúl Gaitán.
En su momento, Romero presentó un pedido de eximición de prisión mientras se sustanciaba la causa y en la actualidad trabajaría en un comercio de esta ciudad.
Los registros del automotor son públicos y tienen a su frente a encargados que llevan la administración de los mismos, las instalaciones y contratan personal, a cambio reciben una parte de los trámites que cobran.
La cifra para la fiscalía de la IV Circunscripción Judicial asciende a los 2,7 millones de pesos si se tiene en cuenta los intereses transcurridos durante este tiempo.
Ahora será el turno del juez de dar vista a la parte defensora y de considerar el pedido realizado por el fiscal González que actúa en la causa.