Rosario (NA) > Un diálogo telefónico entre dos presos alojados en dos lugares de detención de la provincia de Santa Fe dio el alerta para detectar un plan que tenía como objetivo asesinar al juez Juan Carlos Vienna y al fiscal Guillermo Camporini.
Ambos funcionarios judiciales son dos de los principales impulsores de las investigaciones que se llevan a cabo para contener a la red dedicada a delitos violentos que operan en la ciudad, conectados con el narcotráfico.
Los sujetos fueron descubiertos a través de escuchas telefónicas ordenadas por un magistrado del fuero federal y, según se indicó en el diario "La capital de Rosario", uno es policía y está acusado de facilitar la fuga de un integrante de la banda de "Los Monos", mientras que el otro está imputado de homicidio.
El atentado contra el juez Vienna, según las escuchas, iba a ser realizado por un sicario apodado "Anteojito" y los individuos se refieren al magistrado como "arroz con salchicha" mientras que Camporini, que apareció en numerosas entrevistas periodísticas recientes sobre el tema de violencia en Rosario, lo califican como "bocón".
Por el momento la investigación no provocará detenciones ya que quienes tramaban el plan para asesinar al juez y al fiscal están alojados en la Jefatura de Policía de Rosario y en la cárcel de Coronda, acusados por distintos delitos.
Las escuchas telefónicas que permitieron descubrir el plan habían sido dispuestas por el juez federal Carlos Vera Barros en una causa que provocó procesamientos la última semana y fue el miércoles cuando se descubrió la llamada entre los dos presos.
Ese mismo día Vera Barros le avisó al fiscal general de la provincia Julio de Olazábal, que de los diálogos entre ambos hombres se podía inferir que se encontraba "en plena elaboración un plan para atentar contra la integridad física y/o vida de funcionarios judiciales y/o jueces y/o fiscales".
Uno de los presos que dialogaba es Germán Almirón, un efectivo que está detenido por la fuga de la jefatura de policía de Rosario de Juan Domingo Ramírez, un hombre de 39 años sindicado como uno de los lugartenientes de la banda de "Los Monos".
Además, está imputado como abastecedor de drogas y administrador del dinero que producían los búnkers de la familia Cantero mientras que a Ramírez lo acusan del homicidio de Luciano Cáceres, un joven de 16 años al que mataron de un tiro en la cara frente a un kiosco.