La creación de la Unidad de Gestión para la regularización de asentamientos urbanos, acordada en forma unánime esta semana en el Concejo Deliberante, es saludable. Demuestra que el consenso es posible cuando hay voluntad política de solucionar los problemas, especialmente de los que menos tienen. Sin embargo, la que se va a acometer no será una tarea sencilla. El afloramiento de tomas en asentamientos de alta vulnerabilidad a los fenómenos climáticos está unido a un mismo racimo, el déficit habitacional crónico que afecta a Neuquén. Si todo sale conforme a lo planeado, la ciudad estará muy cerca de ser lo que nunca debió haber sido: construcciones en terrenos estables y con acceso a los servicios esenciales como el gas, bien más que preciado en esta época del año. Los mismos actores que integrarán este superorganismo tendrán que pensar seriamente cómo responder a la creciente demanda de viviendas no solamente en Neuquén, sino en la nueva provincia que ahora está configurando la explotación de Vaca Muerta. Según las estimaciones del mercado inmobiliario, en todo Neuquén hacen falta 25 mil viviendas. A un ritmo de construcción de 2.500 por año, habría que pensar que el horizonte del déficit cero se alcanzaría recién dentro de una década, es decir, mucho tiempo. Claramente las condiciones no están dadas hoy para ejecutar semejante plan de obras porque no hay disponibilidad de financiamiento público y porque los bancos privados ofrecen de todo menos créditos hipotecarios accesibles. Por eso, es determinante que las autoridades tomen nota del fenómeno, cuyo tamaño es tan grande como los costos que podría significar la omisión de una planificación urbana realista.