Neuquén > El conflicto salarial que recrudeció esta semana en Plottier entre el intendente Andrés Peressini y los empleados municipales es la punta de un iceberg que detrás arrastra no sólo los problemas económicos de la comuna, sino también el juego de diversos actores con intereses dispares. Esta conjunción explica en parte por qué la ciudad fundada en 1935 y que lleva el apellido de los hermanos que la imaginaron en 1907, parece encerreda en un laberinto sin salida.
En algo hay coincidencia: el Municipio está quebrado. Tiene un déficit mensual de 1,5 millón de pesos, cifra que le falta para cubrir los sueldos de los 1.100 empleados con los que cuenta. Junta 7 millones por mes pero necesita 8,5 millones. Además carga una deuda con proveedores que ronda los 17 millones de pesos, y le caen embargos casi todos los días.
El salvavidas lo arrojó el gobierno provincial, que giró alrededor de 6 millones de pesos en lo que va del año. Pero no hay certezas en el Municipio sobre cómo funciona en el corto plazo si esta ayuda disminuye o desaparece. Porque además, tras la ruptura del jefe comunal con sus aliados del Frente Para la Victoria (FPV), algo le quedó en claro a Peressini: desde Nación no obtendrá el auxilio que antes imaginaba.
En este contexto, el tablero político y partidario está con movimientos en todos los casilleros. Aunque, por problemas internos y externos, el oficialismo es el más complicado, y habla de munición gruesa destinada a desestabilizar la gestión (ver aparte).
“Tiene una gran habilidad para victimizarse”, coinciden y advierten los opositores de Peressini (ver aparte).
El intendente, de profesión docente, llegó al gobierno con una alianza entre el radicalismo al que pertenece y el kirchnerismo del FPV. Pero la unión se rompió el mes pasado, cuando el secretario de Planificación y Coordinación Política, Lucas Riquelme, pegó un portazo y renunció al Gobierno. Los motivos nunca se hicieron públicos, aunque el manejo del vínculo con Nación habría sido un causal. Y la promesa de reemplazarlo con alguien del mismo espacio, aún no se cumplió.
Este quiebre impactó en el Concejo Deliberante, ámbito donde se entrecruzan las relaciones políticas y familiares de los ahora ex socios de Peressini, con dirigentes del entorno de Sergio Gallia, el máximo adversario del jefe comunal. Esto porque la presidenta del cuerpo, Graciela Suárez, es la madre del renunciante Riquelme. La mujer fue concejal durante el gobierno de Sergio Gallia entre 2007 y 2011, aunque luego se sumó a la alianza del FPV con el radicalismo. Además es tía de la esposa del concejal Carlos Coggiola, ex funcionario de Gallia. Y desde que asumió, trasladó a su sobrina desde el municipio al Deliberante.
Hace un mes, el fiscal Ignacio Di Maggio pidió investigar a Peressini por supuestas irregularidades en la compra de rodados sin licitación. Lo hizo a instancias de una denuncia que presentó Coggiola. Parte de la acusación se basó en que llegó “información reservada” de que habían falsificado una firma en los documentos que avalaron las compras. La firma que puso bajo sospecha era la de Riquelme (el mismo que pegó el portazo). Pidió que el ex funcionario declare, al igual que su madre, para aclarar el panorama. Pero la acusación no prosperó en la Justicia provincial y Peressini salió ileso.
"Peressini dormía con su enemigos", aseguró la mayoría de los referentes políticos consultados.
En lo externo, al intendente también lo cerca un triángulo conformado por ATE, liderado por Pilar Sagredo; UPCN, conducido por Carlos Ponce; y un sector de los vecinos autoconvocados, de los que el funcionario formó parte antes de ser intendente para rechazar el megaempredimiento inmobiliario Los Canales.
El reclamo gremial es indiscutible, y así lo admite el propio Peressini. Al final de cuentas, el pedido es cobrar los sueldos en término. Los dirigentes mostraron rigidez a la hora de sostener la protesta, pero ante los planteos de crisis formulados desde la Municipalidad, terminaron por aceptar el pago en cuotas de salarios y aguinaldo.
Sin embargo, hay aspectos que generan suspicacias. Desde algunos de los sectores políticos consultados, señalan a Pilar Sagredo como una dirigente de buena relación con Gallia. Y con respecto a Ponce, es afiliado al MPN y lo marcan por ser hijo de Rubén Ponce, presidente del Deliberante en la última gestión de la emepenista Pilar Gómez. Sin embargo, ambos desmienten estas sospechas (ver aparte).
Con respecto a los vecinos autoconvocados, la causa del malestar es porque cinco días después de asumir, el 15 de diciembre, la Justicia dejó sin efecto la ordenanza sancionada tras el fuerte reclamo vecinal y que obligó a Los Canales a construir su propia planta cloacal. Pero Peressini no sólo no apeló la medida, sino que además no la hizo pública y trascendió recién seis meses después.
Para el oficialismo municipal, el principal responsable de la debacle municipal es Sergio Gallia, intendente durante 2007-2011 y actual diputado provincial. Lo acusan de haber incorporado 450 de los 1.100 empleados durante el último año de su gestión, e incluso de que muchos de estos ingresos fueron cobrados a un promedio de 6 mil pesos cada uno; y además, de haber facturado horas de trabajo de máquinas viales por montos que rondaron los 700 mil pesos y que no se puede comprobar si los tareas se hicieron.
En rigor, la gestión de Gallia fue investigada por el Tribunal de Cuentas de la Provincia por graves irregularidades en las rendiciones de las cuentas municipales.
El argumento de la “pesada herencia” no es nuevo. Gallia cuando asumió en 2007 sancionó la emergencia económica haciendo hincapié en que su antecesora, Pilar Gómez, le había dejado las cuentas en rojo. Así obtuvo un crédito de 4 millones de pesos para cubrir aquel agujero. Una situación similar a la que ahora advierte Peressini, aunque aún no encontró el modo de taparlo.