Polémica por la cárcel de Senillosa

Diputados de la Concertación objetaron aspectos edilicios, presupuestarios y de funcionamiento.Neuquén > Los diputados provinciales debatieron en la sesión de ayer acerca de la polémica que surgió desde la visita que tres de los legisladores realizaron a la cárcel de Senillosa. Además, la Cámara aprobó tres leyes en particular, una en general y dos declaraciones de interés legislativo.Diputados de la Concertación objetaron aspectos edilicios, presupuestarios y de funcionamiento de la unidad penitenciaria que está deshabitada en la localidad de Senillosa, sin embargo el emepenista Darío Mattio dijo que la construcción de la cárcel “no fue un capricho de un gobernador trasnochado sino una política carcelaria que empezó con Nación en el año 2003”.Indicó que el Gobierno Nacional se había comprometido a aportar 9,3 millones de pesos que nunca envió a la provincia, quien terminó financiando la cárcel en su totalidad.El radical Marcelo Inaudi manifestó que la cárcel “impresiona desde su estructura” pero enumeró fallas como ventanas con vidrio común y falta de barrotes. “El sistema penitenciario está colapsado con presos condenados junto a los procesados, violando leyes internacionales básicas y ahí está ese monstruo deshabitado en Senillosa, es una lástima”, añadió.A la vez, la Cámara rechazó un pedido de informe al Ejecutivo sobre contaminación de los ríos Limay y Neuquén por efluentes que se vierten sin tratamiento previo. La presentación corrió por cuenta de la diputada Paula Sánchez, en tanto que desde el oficialismo Graciela Muñiz Saavedra defendió el trabajo en comisión para analizar dichos temas. En tanto, aprobó una moción de preferencia para la primera semana de julio a un proyecto de la radical Cecilia Bianchi para solicitarle al presidente del IADEP el informe anual, memoria y balance 2008 del organismo para el control que la Legislatura debe realizar de acuerdo a la Ley Nº 2.247.La Cámara también sancionó en particular las leyes N° 2651, que adhiere en todos sus términos a la Ley Nacional del Teatro (24.800); la prohibición de todo acto de intimidación y acoso durante las actividades educativas –N° 2652-; y la modificación del artículo 7 de la Ley N° 1159, sobre asignaciones familiares.