Buenos Aires > El revuelo que generó el reconocimiento público por parte del juez federal Norberto Oyarbide de haber suspendido un allanamiento a la financiera Propyme, luego de un llamado de un funcionario de la Secretaría Legal y Técnica de la Presidencia, obligó al titular del organismo, Carlos Zannini, a tener que dar explicaciones a su jefe inmediato, Cristina Fernández.
La difusión pública de la noticia enfureció a la mandataria, que el miércoles por la tarde cruzó los pasillos de la Casa Rosada para ingresar al despacho del funcionario.
Según relataron a La Nación fuentes cercanas a La Rosada, la discusión fue acalorada. Aunque nadie se atrevió a filtrar a la prensa sobre qué hablaron.
En la mira
La intempestiva decisión de Cristina llamó la atención de los empleados de Casa de Gobierno, ya que habitualmente convoca a los funcionarios a su despacho y no suele concurrir a las oficinas de sus funcionarios.
La secretaría a cargo de Zannini se encuentra en la planta baja de Balcarce 50, por lo que la sorpresa fue doble al ver a la mandataria cruzar todo el complejo para ingresar al despacho.
La polémica desatada por el juez Oyarbide centró la mirada presidencial en el hombre de confianza del secretario, Carlos Liuzzi, subsecretario técnico, familiar político y segundo de la cartera, nombrado por el magistrado como el encargado de la llamada que lo alerto de que dos policías que estaban realizando el allanamiento del 19 de diciembre pedían coima a nombre el propio juez.
Sospechado
Las sospechas de un supuesto vínculo entre Propyme y la Secretaría Legal y Técnica comenzaron luego de que el dueño de la financiera, Guillermo Greppi, reconociera a Infobae.com que durante el allanamiento ordenado por Oyarbide, el 19 de diciembre último, llamó a Liuzzi pidiéndole ayuda debido a que dos de los policías encargados del operativo le pidieron 300.000 dólares (unos tres millones de pesos al cambio paralelo de entonces) para cerrar todo sin problemas.
Greppi contó que el operativo “era una saqueo, se querían llevar todo y dejaron encerrados a todos los empleados y a los clientes, y les sacaron los celulares”. Señaló que fue su hijo quien le informó de la situación, y que por eso llamó a su amigo, Liuzzi, que conoce “hace más de 30 años”, para pedirle ayuda.
Juicio político
En tanto, el Consejo de la Magistratura definía ayer si admitía las denuncias contra el juez Oyarbide.
Debito al debate generado al respecto, desde la oposición denunciaron que el oficialismo busca demorar el caso.
Los consejeros radicales reclamaron la constitución inmediata de “una comisión de acusación” para promover el juicio político al magistrado, a lo que el oficialismo se opuso argumentando que “no podemos resolver si no hemos leído las denuncias”.