Son cinco gatos locos y nos cagan la vida a todos”. Esa frase suele ser recurrente en los cortes de ruta o protestas que son una constante en la ciudad, en la región y en el país. El damnificado: el mismo de siempre, el ciudadano común.
En poquísimos casos, algunas de estas acciones directas han sido llevadas a la Justicia, pero la mayoría no prospera. Eso sí, al que lo afectó el piquete nadie le quita “lo bailado”. Y, cuando ya estamos acostumbrados a esta triste realidad, ayer se vivió algo tan inverosímil que demuestra que cada vez se puede estar peor.
Un chofer de Indalo, uno solito sí, molesto porque le liquidaron mal el salario, impidió la salida de 14 micros en las horas pico de la mañana. No fueron cinco minutos. Ni diez. Fueron tres horas y media. Conclusión: miles de usuarios perjudicados. Algunos llegaron tarde a trabajar, otros viajaron más hacinados que lo habitual. Depuso su actitud cuando le dieron el compromiso de que se analizaría su caso. Se supo que el descuento de su sueldo fue por una cuestión judicial. Y si bien el reclamo se da en medio de un proceso eleccionario histórico dentro de la UTA (el mismo secretario general está al frente del gremio desde hace 30 años y esta vez tendrá un competidor), está claro que se trató de un problema de índole privada. Ahora, ¿quién se responsabiliza por los perjuicios que sufrió el usuario? ¿Indalo? ¿El Municipio? ¿La Justicia? Probablemente nadie, si nos guiamos por los antecedentes. Sería interesante que las expresiones de repudio que se hacen desde la clase dirigente no quedaran solo en eso y los políticos se involucren con leyes de fondo para que de una buena vez en este país quienes cometen este tipo de delitos los paguen.