La puerta giratoria en la Justicia existe porque en las cárceles no hay lugar, más allá de las decisiones de los magistrados en base a las leyes que tienen en la mano. Eso es lo que habitualmente se escucha, al igual que sobre el hacinamiento que se vive muros adentro en cada establecimiento carcelario que existe en nuestro país. “Hay que construir más cárceles”, reclaman varios amantes de la justicia de mano dura, como si fuese esa la solución a la barbarie, la inseguridad y la violencia que se vive en el país.
Y en ese marco sorprendió ayer, a algunos para bien y a otros para mal, el anuncio del proyecto que estudia el diputado nacional Leandro López. El hombre de Cambiemos, representando a Neuquén en el Congreso de la Nación, propone que inversores privados construyan las cárceles que se necesitan en el país para dar una solución a los abarrotados pabellones.
El legislador publicó en sus redes sociales que “la idea es que el Estado autorice a inversores a construirlas (fijando condiciones de seguridad, comodidad, ubicación) y permitir a los inversores cobrar un monto mensual a los presos” como si fuese un alojamiento, mientras cumplen sus condenas. Para pagar dicha “estadía”, los convictos trabajarían en actividades comerciales o industriales que regentee, a su vez, el inversor.
¿Ahora, qué pasará cuando un “amigo”, “conocido” o “cercano” del inversor privado caiga detenido o sea procesado por la Justicia? ¿Se convertirá este emprendimiento carcelario privado en un factor de presión para el Estado? E insisto, ¿construir más cárceles es la solución a la barbarie? ¿O más bien sería necesario pensar en un proyecto que ayude a reducir la pobreza y acercar las diferencias existentes en la sociedad?