Senillosa: un manotazo de ahogado ante la temida emergencia penitenciaria

La actual situación de los penales de Neuquén es crítica y, pese a que están todos cerrados y las alcaidías colapsadas, el gobierno provincial se niega a declarar la emergencia penitenciaria. La apuesta inmediata que lleva adelante el Ejecutivo consiste en conseguir en la canjeada cárcel de Senillosa un módulo para 85 presos, con la idea de descomprimir las unidades de detención provinciales mientras construyen tres pabellones, de los cuales todavía no iniciaron las obras, pero estarían terminados y habitables en 2026.

Lo cierto es que Provincia obtuvo un guiño de Nación a cambio de que cumpla con las condiciones que se pactaron en 2017 cuando se firmó el canje de los terrenos de la U9, ubicados en pleno centro neuquino, por la cárcel de Senillosa.

Si bien para los funcionarios del área de seguridad este semiacuerdo fue una bocanada de aire, lo cierto es que la Justicia Federal no está dispuesta a que ingrese ni un preso más en Senillosa debido a que hay un habeas corpus vigente que establece el cupo del penal en 530 más seis internos que están en una casa de preegreso.

Si bien Nación y Provincia pueden negociar todo lo que quieran, la autorización definitiva corresponde a la Justicia Federal, que tiene estándares de calidad de alojamiento que se corresponden con las leyes y las recomendaciones de los organismos internacionales de derechos humanos.

Vale recordar que cuando una persona va presa, solo pierde la libertad; el resto de sus derechos se mantienen intactos y deben ser protegidos y garantizados por el Estado, cosa que no ocurre en Neuquén.

Alicia Rodríguez jueza de ejecución penal.jpg

La bomba

Desde que se entregó en 2018 la cárcel de Senillosa, el gobierno neuquino nunca tuvo un plan alternativo de infraestructura para el desarrollo de las unidades de detención de la provincia, que por lógica pura iban a terminar colapsando.

Esto lo afirman fuentes policiales, penitenciarias, políticos y funcionarios judiciales.

Insistimos en un concepto: en el Poder Judicial todavía se agarran la cabeza por la entrega de Senillosa sin un plan B, ya que con sus 600 plazas era una garantía de 10 años sin cimbronazos.

Así fueron pasando los años y lo obvio sucedió. Entre el 22 y el 27 de noviembre pasado, las juezas de ejecución penal Raquel Gass y Alicia Rodríguez se pusieron de acuerdo por primera vez en algo y así resolvieron cerrar los penales de toda la provincia porque no estaban garantizadas las condiciones de alojamiento, es decir que había hacinamiento.

En ese escenario, las alcaidías comenzaron a recibir detenidos, pero la estructura de estos edificios no está preparada para el alojamiento sostenido en el tiempo. De hecho, las últimas fugas se produjeron en estos espacios de detención, que lentamente terminaron colapsando.

Plaza huincul comisaria 6.jpg

El 7 de febrero pasado, en una audiencia que se realizó en Zapala, la jueza Alicia Rodríguez tuvo que resolver qué hacer con un pistolero que pretendió matar a un violador en la alcaidía de la Comisaría Sexta de Plaza Huincul.

Al cierre de la audiencia, la jueza dejó al desnudo la crisis carcelaria y reveló la cruda verdad que hasta ese entonces era un secreto a voces.

“Las cárceles se cerraron porque tenemos un Poder Ejecutivo desastroso, que no toma conciencia de que a las cárceles las han convertido en una fábrica de delincuentes y una universidad delictual. Estamos viendo el agravamiento de las condiciones de detención de todos los internos. Si nos ponemos a ver las leyes que estamos vulnerando por solucionarle los errores al Poder Ejecutivo, tenemos que apagar la luz e irnos a casa”, aseveró Rodríguez.

El remate de la magistrada fue bastante gráfico. “El Poder Ejecutivo avanza de una manera peligrosa sobre el Poder Judicial. Estamos violando leyes que hemos jurado cumplir, conozco todos los tratados internacionales que estamos violando. El Poder Ejecutivo tiene que tomar conciencia de que está en riesgo la seguridad pública. Esto es la bomba de Hiroshima”, concluyó.

Marianina Dominguez secretaria de Seguridad 01.jpg

Rezo por módulo

Una semana después, cuando todavía no trascendían los dichos de la jueza Rodríguez, hubo una reunión en Buenos Aires entre el ministro de Justicia de la Nación, Martín Soria, con autoridades del gobierno neuquino, entre ellas la secretaria de Seguridad, Marianina Domínguez, cuya gestión merece varias páginas aparte.

En sí, la reunión sirvió para acordar el traspaso definitivo de los terrenos de la U9 y acordar obras que nunca cumplió la Provincia, como un grupo de diez casas para los penitenciarios de la cárcel federal en unos terrenos lindantes al penal. Además, en la reunión se acordaron las refacciones necesarias del módulo 4 del Complejo Penitenciario Federal Nº 5 de Senillosa.

A ese bloque la Provincia pretende trasladar presos neuquinos y así descomprimir las cárceles antes de que estallen, como dijo la jueza Rodríguez.

De esta pretensión de préstamo, LMN dio cuenta en diciembre pasado cuando, con las cárceles cerradas, un grupo de funcionarios políticos, policiales y judiciales recorrieron el módulo 4 de Senillosa que está bastante deteriorado.

Las especulaciones, en el caso de conseguirlo, son de trasladar 50 personas al pabellón de máxima seguridad y 35 al sector de media seguridad.

Lo resuelto por el Juzgado Federal neuquino fue apelado por el fiscal.

La noticia del posible desembarco de presos provinciales en el penal federal no cayó para nada bien a la Justicia Federal, responsable de las condiciones de alojamiento de los internos.

Pese a que nunca los funcionarios políticos provinciales les consultaron a los judiciales federales, estos tuvieron el gesto de remitir un oficio a la secretaria Marianina Domínguez en el cual le solicitaban saber sobre las gestiones existentes por el módulo de Senillosa.

Pero Marianina Domínguez respondió ninguneando a la fiscal federal: “Conforme el tenor de lo solicitado es preciso destacar que dicha información deberá ser requerida ante el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, ya que quien posee la facultad de administrar el referido Complejo es el Servicio Penitenciario Federal, así como dicha cartera ministerial, de quien depende el Servicio”.

Lo que desconoce la funcionaria provincial es que el visto bueno para que ingresen nuevos presos a Senillosa no le corresponde al Ejecutivo nacional sino a la Justicia Federal, que tiene que verificar que estén dadas las condiciones de alojamiento que establece la ley 24660, sin contar las convenciones y tratados internaciones de derechos humanos adoptados por la Constitución Nacional.

Más allá del desatino de Domínguez, Provincia ha continuado su negociación por vía política ya que saben que en la Justicia Federal les han bajado el pulgar porque entienden que “lo único que pretenden es cambiar el lugar del incendio”. “En vez de que se les incendien las cárceles a ellos, quieren que se nos incendien a nosotros, y no lo vamos a permitir”, indicó una fuente federal a este medio.

cpe estafa becas (2).jpg

Habeas corpus colectivo

Estar bien asesorado en política penitenciaria es sumamente importante para no pasar de largo deglutiendo derechos.

Desde hace tres años como mínimo, existe un habeas corpus colectivo sobre el Complejo Penitenciario Federal Nº 5 de Senillosa por el cual la Justicia Federal le está pidiendo explicaciones al gobierno provincial por no garantizar derechos a los internos en distintas áreas como salud, trabajo y educación.

Les podría brindar muchísimos detalles de números de expedientes y fechas, pero sería muy engorroso y aburrido. Pero revisemos los reclamos.

Los hospitales de la provincia no solo dilatan los turnos a los presos federales, sino también las cirugías. En algunos casos, a los agresores sexuales se niegan a atenderlos.

En materia de educación, el Consejo Provincial de Educación (CPE) está obligado a brindar educación primaria y secundaria en toda la provincia, pero no solo no cumple la cantidad de horas cátedra necesarias en Senillosa, sino que además se niega a suministrarles a los internos el material de estudio que se entrega de forma gratuita a las personas sin recursos económicos.

En cuanto a la educación universitaria, la UNCo no cumple con el acceso al estudio de los presos y, si se trata de un agresor sexual, se niega a que concurra a clases presenciales pese a que va con custodia permanente.

En lo que respecta al abordaje psiquiátrico, se suspendió de manera abrupta la medicación a los internos que están bajo tratamiento, lo que significa un peligro latente.

De todos estos aspectos, la Justicia Federal está esperando las respuestas de la Provincia, que aún brilla por su ausencia.

Carcel de Senillosa_0391 (31).JPG

La grieta y el corralito

En este escenario sumamente complejo donde se da una puja muy interesante entre poderes del Estado, hay dos elementos a tener en cuenta.

“El cupo actual de Senillosa es de 530 y no va a entrar un alma más, pero al parecer la cantidad de internos que hay en la actualidad ronda los 480, por lo que a lo mejor Provincia intente meter por esa grieta unos 50 presos”, explicó una fuente federal que entiende que el juez federal no cree que lo permita.

De todas formas, la próxima semana habrá una cumbre clave de funcionarios federales, tanto de la defensa como de la fiscalía, que analizarán la posibilidad de retrotraer el cupo del Complejo Federal N° 5 de Senillosa a la resolución 2021-517-APN-MJ del 29 de junio de 2021 donde se establecían 428 plazas.

“De esta forma, estamos garantizando derechos y estamos dentro de los estándares que establece la legislación”, informó una fuente.

De prosperar esta resolución conjunta, la grieta podría cerrarse y solo quedaría una alternativa para el atestado sistema penal neuquino: el corralito.

Para el imaginario colectivo, la palabra “corralito” es tremenda, pero a los fines penitenciarios de Neuquén, es la única salida posible.

El corralito consistiría en que, si Nación sede el módulo 4 a Neuquén, este no quede bajo la órbita del Servicio Penitenciario Federal. Es decir que la Provincia disponga de su propio personal para custodiar toda la actividad de los presos que incorporen en dicho módulo y, por razones obvias, será la Justicia local la responsable de las condiciones en que estén alojados y, en caso de incidentes, deberá responder la Policía neuquina.

Por todo lo dialogado con distintas fuentes, el corralito es un manotazo de ahogado de una provincia poco previsora que se ha quedado sin alternativas y que se resiste a declarar la emergencia penitenciaria, que sería admitir formalmente que nunca le importó la situación de los presos y por eso jamás existió un plan B.