Tres condimentos que condicionan, más aún, el funcionamiento del transporte urbano de pasajeros en la ciudad.
Primero: la interna en el gremio de los choferes de Autobuses Santa Fe, o Indalo, originó la semana pasada incertidumbre entre los usuarios del servicio. Desde el sector que lidera Raúl Araya se fogoneó un paro de actividades por las supuestas faltas de gasoil y de pago de haberes. El secretario general de la UTA, Néstor Belmudez, salió a desmentir todo.
Segundo: problemas en el Concejo Deliberante al oponerse la mayoría de los ediles a convalidar el proyecto oficial que implicaría quitarle unos 24 millones de pesos al presupuesto de obras públicas para comprar unidades cero kilómetro y ponerlas a disposición de Autobuses Santa Fe.
Los concejales de la oposición al quiroguismo quieren saber qué pasó con la auditoría de la UNCo; hasta que no se conozca ese informe y se sepa realmente cuál es la situación, no están dispuestos a autorizar aquella compra. El camino va a ser muy largo, se especula más de 6 meses, porque recién el viernes –oficialmente desde el Ejecutivo municipal– se solicitó a la universidad que en la auditoría se analice la estructura de costos, que define el valor del boleto y que no estaba incluida en el pedido de los ediles.
Tercero: a los no pocos problemas se suma un tercer inconveniente, ya que Autobuses Santa Fe decidió reemplazar al gerente de Neuquén, Rubén Mansilla. No se dio ningún tipo de información, pero extraoficialmente se dice que fue “echado” por mal desempeño en sus funciones. Estos tres elementos atentan contra el servicio; una cosa se suma a la otra y, en definitiva, el más afectado es el usuario.