La ex presidenta del Consejo Provincial de Educación y subsecretaria de Educación de la Provincia, Patricia Ruiz, fue condenada a un año de prisión en suspenso e inhabilitación especial perpetua por el delito de negociaciones incompatibles con la función pública, ya que contrató a la empresa de su consuegra Aída Rosa Wilson.
Los fiscales Marcelo Jara y Guillermo Prime explicaron que en septiembre de este año, es decir, tres años después, se realizó una pericia contable que determinó que el valor de la leche que había tomado como base el fiscal Ignacio Di Maggio no era el correcto.
El defensor de Wilson y de su hijo Diego Gelós, Ricardo Mendaña, remarcó: “Hubo mucha mala leche en la investigación original que ni siquiera citó a las demás empresas que participaron de esa licitación y cobraron un precio superior”.
El fiscal Di Maggio especificó que, para determinar el sobreprecio de la leche marca Purísima, el Estado solicitó datos a los supermercados mayoristas de la ciudad y a la mismísima fábrica. En todos los casos, por kilo de leche el precio era de unos 10 pesos, mientras que la mejor oferta hecha por la empresa de la consuegra de Ruiz fue de más de 22 pesos.
El secretario general de ATE, Carlos Quintriqueo (denunciante), dijo al conocerse el fallo de la Justicia: “Ahora realizaremos nuevamente la denuncia ante el Tribunal de Cuentas, para que el Estado exija el resarcimiento por el perjuicio comprobado que existió”. Tenía razón Mendaña: hubo mala leche. Qué vergüenza: funcionarios corruptos que a expensas del Estado se enriquecen y no son sancionados. Todo, está claro, les resta credibilidad a nuestros fiscales, nuestros gobiernos y al sistema político.