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Los libros también fueron víctimas de la dictadura militar, la que protagonizó los más aberrantes delitos de lesa humanidad. La quema de un millón y medio de libros del Centro Editor de América Latina el 30 de agosto de 1980, por considerarlos subversivos, parece inspirada de las páginas de Fahrenheit 451 de Ray Bradbury. La dictadura militar cumplió con ese rito siniestro que es una marca registrada del totalitarismo: la destrucción del conocimiento y de la transmisión del saber. Ese hecho, ocurrido en un baldío de Sarandí, provincia de Buenos Aires, fue una de las tantas destrucciones y quemas masivas de libros (testigos señalan que los ejemplares tardaron tres días en destruirse) implementadas por la dictadura y que formaron parte de sus políticas represivas. Así como había centros clandestinos de detención, también existió una estructura de control cultural y educativo. “Destruimos por el fuego la documentación perniciosa que afecta al intelecto”, dijo el 29 de abril de 1976 Luciano Benjamín Menéndez, jefe del Ejército en Córdoba, cuando ordenó una quema colectiva de libros. Los militares no solo idearon un plan sistemático para la desaparición de personas, de apropiación de bebés, sino que también se propusieron hacer desaparecer símbolos, imágenes, discursos, tradiciones, como bien señalan Judith Gociol y Hernán Invernizzi, autores de una investigación sobre la represión a la cultura en esos años.
El de la literatura infantil también fue un espacio donde los militares pusieron la mira porque sentían la obligación moral “de preservar a la niñez”. Suena paradójico teniendo en cuenta que hubo 500 niños de detenidos-desaparecidos apropiados durante los años más oscuros y sangrientos de la historia argentina.