Por RAMIRO MORALES
“Los militares no tienen garantizados los mismos derechos que los ciudadanos comunes en los juicios”. La frase fue lanzada casi al pasar por la candidata a jueza correccional de Zapala, Mónica Pizzipaulo, durante la habitual entrevista que todos los aspirantes a magistrado de la provincia tienen con diputados provinciales. No hubo repreguntas. Quizás no eran necesarias.
La frase de la letrada, actual funcionaria del Poder Judicial, es mucho más que “una expresión desafortunada que se presta a la confusión”, como declaró un legislador oficialista. Es toda una declaración de principios.
Son escasas las voces que critican las garantías que tienen los jerarcas de las dictaduras juzgados en el país. En general, se trata de expresiones vinculadas al proceso, resabios de los años del terror que aún siguen presentes. Tras la anulación de las leyes de Obediencia Debida y Punto Final se desató una ola de procesos donde todas las garantías constitucionales fueron siempre respetadas. Las mismas garantías que no tuvieron los miles de desaparecidos y torturados en los '70.
De hecho, ni siquiera los abogados de los militares se atreven a criticar la falta de garantías: más bien orientan sus defensas en presentar los actos terroristas como un “defensa de la seguridad interna”, en un proceso que entienden como una guerra.
Por eso, y tras una nueva conmemoración del aniversario del golpe, las declaraciones de Pizzipaulo encienden una luz roja. Buena parte de la oposición y algunos diputados del MPN ya adelantaron que no votarán el pliego, que se debatirá en la próxima sesión. Incluso se conoció esta semana que la misma candidata ya había aspirado dos veces al mismo cargo sin éxito. En la segunda oportunidad obtuvo uno de los puntajes más bajos de la historia.
El proceso de elección de jueces en la provincia está a prueba. La Legislatura tendrá la tarea de decidir si le otorga a Pizzipaulo la posibilidad de convertirse en la responsable de impartir justicia o si desecha esa posibilidad. Cualquiera de los dos resultados enviará un mensaje clave hacia la sociedad, ya distanciada y descreída de por sí de los magistrados.
Internas petroleras
Será también la Justicia la que deba decidir qué hacer con las apelaciones de la empresa YPF ante la quita de yacimientos en varias provincias. En Neuquén, esta semana se revirtieron dos áreas a la principal operadora, aunque en este caso no hubo mayores reclamos, ya que se trata de áreas marginales de poco interés para la compañía.
En tanto, la firma de capitales mayoritarios españoles envió una oferta por otras dos áreas que están bajo evaluación técnica, aunque el ministro de Energía, Guillermo Coco, adelantó que son “aceptables”.
Así pasó, sin mayores consecuencias, la versión local de las presiones a YPF para que aumente sus inversiones. Aunque a nivel local no hubo temblores significativos, el barro revuelto hizo aflorar algunas tensiones. La más evidente es la que protagonizó el titular del sindicato de petroleros, Guillermo Pereyra, que sacó una dura solicitada que calificó de “inconsultas, confrontativas y apresuradas”, las decisiones del gobierno nacional sobre la operadora. El gremialista realizó esta semana una demostración de poder al lanzar un paro en las refinadoras, que en unas pocas horas generó desabastecimiento en las estaciones de servicio. Como siempre, se generó una instancia de negociación en el Ministerio de Trabajo, pero esta vez la pipa de la paz parece más lejana: la de Pereyra fue una clara advertencia al gobierno nacional de que no permitirá una embestida contra YPF.
El juego de relaciones se complejiza. Pereyra es un aliado clave del gobernador Sapag. Siempre que pudo explicitó su apoyo, incluso en épocas electorales. A su vez, Pereyra era, al menos hasta esta semana, un aliado clave del gobierno nacional, alineado al moyanismo. Quizás aquí exista otra de las explicaciones a la ruptura: la CGT se está abriendo del gobierno nacional, que a su vez le cercena los espacios de poder con los que contaron en los primeros ocho años de la era K. La disputa amenaza con hacerse más intensa en los tiempos próximos, sobre todo en la medida en que Nación vaya carcomiendo su base de sustentabilidad.