Me pregunto: ¿qué le queda a una madre que fue acusada de matar a su propio hijo de tres años, a quien por estar detenida le negaron hasta la posibilidad de despedirse en el entierro?
Me pregunto: ¿qué le queda después de que luego de casi dos años de acusarla la Justicia la absuelva considerando que no tuvo la responsabilidad, porque así lo demuestran las pruebas que mucho tiempo atrás ya estaban en el expediente?
¿Qué le queda a una mujer que estuvo dos meses presa en un penal y otros dos meses con prisión domiciliaria pero alejada de sus otros hijos porque “la consideraban peligrosa”?
Esta es la terrible historia de Juana Zapata, una mujer que vivió en la violencia con su ex pareja, Raúl Molina, principal acusado por el asesinato de su pequeño hijo, ocurrido el 10 de febrero de 2015 en el barrio Nueva España de Centenario. Por si fuera poco, padeció también la violencia de un sistema que llegó tarde, demasiado, y no resolvió nada, aún. Ayer pudo hablar y contar su versión. Contó que siente tranquilidad, pero que no está contenta. Es que su otro hijo, que tiene 6, no pudo escolarizarse, y sus hijos adolescentes abandonaron el secundario. Nadie los apoyó ni los contuvo y a nadie parece importarle su futuro.
Ahora les pregunto: ¿dónde están los organismos que deben brindar asistencia, esos que deberían asomarse a la realidad que vive la gente y no perderse en los discursos prolijos y políticamente correctos en los momentos convenientes, cuando hablar de violencia y género queda bien?
Juana Zapata padeció su peor pesadilla desde que decidió separarse del hombre que la violaba y la maltrataba. El sistema no le dio nada, su vulnerabilidad la llevó a la boca del lobo y, una vez ahí, ya fue demasiado tarde. Un niño de 3 años fue asesinado. ¿Quién protege a las víctimas?