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Este miércoles se conoció la sentencia de 11 años de prisión para Maximiliano Mérgola, quien golpeó con un trozo de cemento a Ernesto Daniel Rodríguez, en julio de 2019, hasta causarle la muerte.
El móvil del crimen no fue dilucidado en el año y dos meses que duró todo el proceso, desde la detención del asesino hasta el final del juicio. El propio Mérgola tampoco manifestó un detonante para la violencia que empleó en el ataque y se limitó a decir que “no fue su intención” y que “solo se defendió”.
Todas las piezas de evidencia se sumaron en su contra y demostraron que no perdió el control por estar drogado y que la víctima no tuvo fuerzas para defenderse ni mucho menos atacar. Fue un asesinato brutal, intempestivo, injustificado e inesperado.
Lorena, hermana de la víctima, dejó su dolor y el de su familia impregnado en cada una de sus palabras durante la audiencia de cesura. “Quería despedirme de él, pero me encontré con un cajón cerrado. Nos destrozaron”, expresó.
Por toda la prueba, la fiscal del caso solicitó una pena de 14 años, pero los jueces consideraron que 11 eran suficientes y ajustados a derecho. La familia Rodríguez tendrá al menos el consuelo de una condena, pero siempre estará atormentada por el trágico fin de “Dani”.
Con el antecedente de cumplimiento que tienen las penas en el país, no es errado estimar que en unos 6 años el homicida podrá acceder a los beneficios que la ley le otorga. Y es que más que un castigo, las condenas en la mirada de la ley tienen en realidad un fin correctivo y de resocialización.
Dicho esto, solo queda preguntarnos, ¿qué queda para la familia Rodríguez y tantas otras que fueron golpeadas por una pérdida similar?