Esta situación deja en claro la deficiencia que hay en el país respecto de los tratamientos específicos para recuperar a este tipo de sujetos que con su delito no buscan el placer sexual, sino la dominación total de una persona indefensa (las menores que violó tenían entre 6 y 8 años). Por otra parte, se habla de un sistema carcelario poco preparado para abordar estos tratamientos.
Los psiquiatras lo saben: estos sujetos no tienen vuelta atrás, no existe tratamiento ni medicación posible para revertir su perversidad sexual, y en la violencia encuentran su goce, su disfrute.
La única medida impuesta por la Justicia para que esta persona saliera en libertad -cumplió su condena de 17 años por violar a cuatro menores en 1998 y luego de salir en libertad condicional en 2006 volvió a reincidir- fue la de no acercarse a menores.
Es el mismo Poder Judicial el que "aceptó" la ausencia de tratamientos cuando se los había indicado, argumentando la falta de profesionales para llevarlos a cabo. Y es el que sigue juzgando estos hechos como si fueran delitos comunes, sin tener en cuenta las secuelas psicológicas que pueda provocar en sus víctimas y en sus familiares.
