Por CLAUDIO SCALETTA
Desde que se conoció que el gobierno estudiaba la expropiación de YPF, la prensa hegemónica local, que contra toda lógica escribe como si fuese el capital extranjero afectado, comenzó a difundir las contradicciones de la política energética kirchnerista. Además del vicio de origen, el apoyo del propio Néstor Kirchner a la privatización cuando gobernaba Santa Cruz, se enfatizó en la última jugada, el ingreso de la burguesía nacional de la mano de la familia Esquenazi: “expertos en mercados regulados”, según la fantástica ironía del CEO global de Repsol, Antonio Brufau.
Se suponía que el ingreso de capitalistas nacionales redundaría en un fuerte cambio en la gestión cotidiana de la compañía en línea con los requerimientos de la economía local. Los resultados son conocidos y fueron largamente reseñados en las últimas semanas. En lo único que no se equivoca la oposición mediática es en que la recuperación de la vieja YPF estatal no estaba en la agenda de la actual administración. Tampoco la eliminación de las AFJP, pero como un GPS que se sale de rumbo no es la primera vez que el kirchnerismo muestra habilidad para recalcular su ruta. No había alternativa.
La ex empresa española siempre fue conducida bajo la lógica del capital financiero. Cuando Repsol compró YPF lo hizo endeudándose; cuando el grupo Petersen entró en la compañía, también. Así, desde la privatización a la fecha se asistió a una continua y predatoria maximización extractiva, un manejo absolutamente contrario a las buenas prácticas de la industria, cuyo ABC es invertir en la reposición de reservas. La estrategia funcionó en tanto no hizo demasiado ruido con las necesidades internas, pero 2011 fue el punto de inflexión. Los datos son pocos, pero certeros. La extracción de petróleo comenzó a caer en 1998 y la de gas en 2004. En tanto, desde 2003 la economía nunca dejó de crecer. Si dos curvas tienen pendiente de distinto signo a lo largo del tiempo se genera entre ambas una brecha que puede ser exponencial. En el último año las importaciones de combustibles arañaron los 10.000 millones de dólares. ¿Cuánto más podían crecer estas importaciones sin derribar el actual modelo macroeconómico? ¿Esto es admisible para un país que cuenta con los recursos? El Gobierno, que en este caso representa al país y al proceso de crecimiento con inclusión, no tenía alternativa.
Es una falacia decir que con otros precios se hubiesen generado condiciones para más inversiones. Desde la privatización de YPF nunca sucedió. Mayores precios sólo hubiesen significado mayores ganancias. Y Repsol siempre utilizó las ganancias de YPF para expandirse en el resto del mundo, no en la Argentina. Tratándose de un recurso estratégico para el desarrollo, el gobierno nacional estaba compelido a recuperar la soberanía energética. La histórica decisión de ayer no estará exenta de dificultades pero, como siempre sucede con los procesos independentistas, las ganancias de largo plazo serán mucho mayores.