La violación, uno de los delitos más repudiados por la sociedad, siempre enciende polémicas e infinidad de reacciones, desde intentos de linchamiento o escraches hasta proyectos legislativos tendientes a la castración. En Neuquén, una vez más se abrió el debate acerca de la implementación de un Registro de Identificación de Personas Condenadas por Delitos contra la Integridad Sexual en la provincia. La comisión de Asuntos Constitucionales y Justicia de la Legislatura neuquina envió al Poder Ejecutivo y al Poder Judicial una nota en la que les solicitan que opinen sobre la Ley 2520, aprobada en 2006, y que hasta el momento no se reglamentó por motivos desconocidos. Ese registro reuniría huellas dactilares, historia criminal, grupo sanguíneo, ADN, entre otros datos identificatorios que permitirían reunir elementos probatorios importantes para esclarecer este tipo de delitos. Para algunos, la centralización de datos, si bien no va a prevenir el delito, sería importante para el proceso de investigación; otros señalan que con el registro tampoco le confiere algún tipo de derecho a la víctima de abuso. Algunos especialistas aseguran que existen parámetros científicos que determinan que el agresor sexual reitera el delito luego de haber estado detenido. Que esa conducta -mejor dicho, esa compulsión o perversión- la repita es producto de la característica de los agresores sexuales. Para las víctimas de violación, la falta de aplicación de esta ley resulta un golpe muy bajo como también para sus familiares. No se trata de crear un “Veraz sexual”, como alguna vez se dijo, o de ponerle un sello a la persona de por vida para que cuando recupere la libertad se convierta en un muerto civil. En todo caso, sería una de las pocas formas que tiene la sociedad de protegerse y de cuidarse.