La recuperación del autoabastecimiento energético, el crecimiento de la economía provincial, la generación de empleo, el agregado de valor en origen y la mitigación del impacto ambiental de la actividad petrolera deberían ser objetivos comunes en torno a Vaca Muerta que difícilmente se podrían rechazar de buena fe. Sin embargo, lejos de ese ideal, a diario se enarbolan banderas nobles -como el cuidado ambiental, los derechos de los pueblos originarios o el desarrollo económico- para captar una parte del negocio del boom petrolero. En la puja no hay ni buenos ni malos, sino intereses en pugna. Funcionarios, petroleras y dirigentes mapuches se pelean para la tribuna y negocian, pero hacen pública sólo la parte conveniente. Las comunidades denuncian intromisión en sus territorios y contaminación; las empresas ponen el grito en el cielo por la seguridad jurídica de sus inversiones; el Estado dice que el relevamiento territorial es muy complejo y denuncia intereses espurios en los reclamos. Algunos dirigentes mapuches (pocos) en los últimos años han amasado pequeñas fortunas a través de los negocios con las petroleras, a espaldas del resto de la comunidad, que vive en condiciones precarias. Las compañías incentivaron ese tipo de relaciones carnales a cambio de no tener problemas para trabajar y poco se han preocupado por sanear el gran pasivo ambiental que arrastra la industria. El Estado tampoco puede mostrar con claridad el manejo de las tierras en la provincia y, a 9 años de sancionada la Ley 26.160, aún no culminó el relevamiento indígena. A esta altura, ningún sector parece estar dispuesto a postergar sus intereses y todos se miran unos a otros como sospechosos. Nadie se quiere perder el negocio de Vaca Muerta.