A la víctima le brindan una serie de alternativas como una mediación, reparación del daño, medidas de restricción para el agresor y protección policial pero ninguna alcanza para devolver su vida.
La legislación ofrece garantías a los derechos del violento, que puede seguir en libertad todo su proceso.
Cuando uno entrevista a víctimas, descubre que esa persona ya perdió el sentirse segura, alegre y viva. Están estresadas, en alerta permanente, desconfían hasta de la respiración y lo peor de todo es que temen que su agresor, que está en libertad, vuelva a aparecer.
En esa desolación, las víctimas se ven obligadas a recomenzar una nueva vida porque el Estado no puede garantizarles que sigan con la suya propia. ¿Quién le dijo a don Estado que una persona quería ir al psicólogo, tomar un cóctel de fármacos para poder dormir o estar tranquilo y encerrado en su casa, cambiar la bicicleta y las zapatillas por las piñas y patadas de la defensa personal o estar en alerta todo el día y rezando para que el botón antipánico que le prometieron dar funcione?
A este escenario hay que sumarle un drama más, estamos en Neuquén. Acá, no vale salir a decir nada.
Ni funcionarios políticos ni judiciales van a cuestionar las fallas del sistema, por lo que vuelve a ser la víctima quien tiene que poner el cuerpo para ser escuchada y protegida. ¡Cosas veredes!
