Hace un año, los padres de un chico de 7 años recibieron la notificación de que su hijo no iba a ser reinscripto a segundo grado en una escuela de esta ciudad, dependiente del Obispado de Neuquén, amparándose los directivos del establecimiento educativo en el derecho de admisión.
Cuando los padres solicitaron una revisión de esa decisión, la dirección les hizo saber que había sido por “desconfianza” hacia la escuela, ya que hicieron público entre el resto de los padres los problemas edilicios (precisamente el techo de una de las aulas), que representaba un riesgo para los alumnos.
El chico que se vio involucrado en un acto “arbitrario e injusto”, según la madre, en la actualidad está siendo tratado psicológicamente a raíz de las consecuencias que le provocó esta decisión, principalmente el alejamiento de sus compañeros y de la escuela.
A partir de entonces, para los padres fue una verdadera odisea. No solo conseguir un colegio, sea público o privado, en una fecha en que ya estaban cerradas las inscripciones, sino también por los rechazos a las solicitudes de reinscripción que recibieron desde el área de Supervisión de Enseñanza Primaria del Consejo Provincial de Educación, Defensoría del Niño, entre otros organismos.
El 4 de abril pasado, cuando las clases ya se habían iniciado, las directoras decidieron reinscribir al alumno. Pero los padres se negaron a anotarlo.
Este caso debe llamar a la reflexión a quienes impulsan promover y garantizar los derechos de los niños. Este chico tuvo que adaptarse a hacer nuevos amigos dejando atrás los afectos y vínculos que perdió por una decisión que nunca lo tuvo en cuenta como prioridad.