El joven desapareció en plena pandemia y su cuerpo fue hallado 107 días después. Una causa marcada por irregularidades activó nuevos interrogantes.
A casi seis años del hallazgo del cuerpo de Facundo Astudillo Castro, una irregularidad abrió una nueva línea dentro del expediente. La Justicia Federal ordenó revisar el recorrido de un documento básico y determinar por qué nunca llegó al lugar correspondiente.
La medida quedó en manos del juez Walter López Da Silva. El magistrado busca reconstruir las actuaciones realizadas después de la autopsia. También pretende establecer quién debía conservar la documentación y completar los trámites oficiales.
La investigación se concentra en el certificado de defunción original. El Cuerpo Médico Forense lo confeccionó después de la autopsia realizada en 2020. Sin embargo, el papel nunca fue incorporado al expediente judicial y su ubicación actual es desconocida.
Los registros indican que el certificado fue entregado el 3 de septiembre de 2020 a la médica Virginia Creimer, perito de la querella. La entrega contó con la autorización de la entonces jueza federal María Gabriela Marrón. Los abogados de Cristina Castro, madre del joven, solicitaron la documentación.
El certificado debía utilizarse para completar la inscripción del fallecimiento. Ese procedimiento nunca se concretó. Como consecuencia, la muerte de Facundo Astudillo no figura formalmente asentada en el Registro Nacional de las Personas.
López Da Silva pidió la intervención de los fiscales Horacio Azzolín, Alberto Gentile e Iara Silvestre. Los representantes del Ministerio Público deberán determinar qué ocurrió después de la entrega. La pesquisa también deberá precisar quién fue la última persona responsable de custodiar el documento.
Los investigadores revisarán las constancias del Cuerpo Médico Forense, los registros del juzgado y las comunicaciones con la querella. También podrán citar a quienes participaron del trámite. El objetivo es establecer si el certificado fue extraviado, retenido o enviado a un destino incorrecto.
La fiscal Iara Silvestre solicitó una nueva orden para completar la inscripción ante el RENAPER. La propuesta buscaba corregir la omisión administrativa mediante otro documento. El juez rechazó ese camino y dispuso investigar primero el destino del original.
El magistrado consideró que la resolución dictada en 2020 todavía se encuentra vigente. Por ese motivo, emitir un nuevo certificado sin aclarar lo sucedido podría dejar sin respuesta una irregularidad dentro de la causa Facundo.
La Cámara Federal de Bahía Blanca respaldó esa posición. El tribunal entendió que corresponde esclarecer el recorrido del documento antes de avanzar con una nueva orden. La decisión impide que el problema quede reducido a una demora administrativa.
El certificado posee carácter oficial y forma parte de un expediente penal. Su ausencia obliga a revisar los mecanismos de entrega y custodia. La investigación también deberá determinar por qué la falta del documento no fue advertida durante casi seis años.
Facundo salió de Pedro Luro el 30 de abril de 2020 con destino a Bahía Blanca durante las restricciones por la pandemia. En el trayecto fue interceptado por agentes de la Policía Bonaerense, quienes lo notificaron por incumplir las medidas de circulación. La familia perdió contacto con el joven durante esa jornada.
Su cuerpo apareció 107 días después, el 15 de agosto, en un cangrejal de Villarino Viejo. Los restos fueron identificados mediante estudios forenses.
La autopsia determinó que Facundo murió por asfixia por sumersión. Los especialistas no pudieron establecer si se trató de un accidente, un suicidio o un homicidio. Cristina Castro sostiene desde el inicio la hipótesis de una desaparición forzada seguida de muerte y apunta contra integrantes de la fuerza provincial.
El expediente también registró cuestionamientos por la actuación de algunos peritos. Marcos Herrero, instructor de perros, fue condenado por falso testimonio agravado luego de que la Justicia comprobara la incorporación de pruebas falsas. Casación confirmó esa sentencia.
Virginia Creimer también quedó imputada por falso testimonio agravado debido a presuntas irregularidades vinculadas con su intervención como perito. Ahora, la entrega del certificado coloca nuevamente su actuación bajo análisis.
La nueva investigación deberá determinar dónde terminó el certificado original, por qué nunca llegó al RENAPER y quién incumplió el trámite. La respuesta no definirá por sí sola cómo murió Facundo, pero permitirá conocer qué ocurrió con un documento esencial dentro de una causa todavía rodeada de interrogantes.