Después de muchas idas y vueltas, debates y reformas, esta tarde el Concejo Deliberante aprobó por mayoría el contrato de concesión entre la ciudad y la cooperativa eléctrica CALF, lo que implica un nuevo vínculo por 20 años y diferentes aspectos en cuanto al servicio y lo que los vecinos pagarán de luz a partir de la puesta en vigencia del convenio.
La sanción salió con 14 votos a favor, que los aportaron los bloques de concejales del MPN, el Frente Integrador Neuquino, el Frente de todos, la Democracia Cristiana, Libres del Sur y el Bloque Juntos por el Cambio – PRO – Somos Neuquén. Juntos Por El Cambio – UCR votó divido: Guillermo Monzani lo hizo a favor, mientras que Jorgelina González y Rocío Casamajor se pronunciaron en contra. También se opusieron al proyecto de contrato de concesión Natalia Hormazabal y César Parra del Frente de Izquierda.
Dentro de lo importante que se aprobó figura el cuadro tarifario. Los valores iniciales estarán vigentes hasta que se realice una auditoría externa sobre todo el servicio eléctrico. Ese estudio definirá cuánta energía demanda la ciudad, cuánto cuesta llevarla a cada domicilio, dónde hay que invertir en extender o mejorar el tendido y cómo administrar todo eso desde la cooperativa.
Otro punto muy discutido y que se aprobó este jueves fue el Aporte Reembolsable por Obra (ARO), que es un monto que le paga la cooperativa a los desarrolladores urbanos que invierten en la red eléctrica. Ese desembolso era del ciento por ciento pero a partir de este nuevo contrato los compradores de lotes y departamentos pagarán la parte de la inversión que los beneficia, es decir, la potencia que requiera el edificio o barrio. A futuro, si hay una “potencia extra o excedente” aprovechada por otros vecinos o instituciones, se le reconocerá un reintegro al desarrollador, a valores actualizados por inflación.
En cuanto a las pérdidas que generan las tomas, a partir de energía que se inyecta a la red pero que no se cobra. Por pérdidas técnicas y no técnicas en el mundo se reconoce un 10 por ciento, la mitad de lo que declara CALF. En el nuevo contrato, se le reconocerán a la cooperativa un 19 por ciento de pérdida, con una reducción gradual a un 12 durante la próxima década, lo que implica regularizar todos los asentamientos de la ciudad y evitar que se formen nuevos.