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LMNeuquén dio a conocer días atrás que, por el error de un dictamen de la fiscalía que computó mal una pena, la jueza de ejecución penal Raquel Gass permitió que expulsaran del país al chileno Héctor Hernán Ruiz Herrera (38), uno de los asesinos del policía Víctor Garro. Cuando advirtieron la equivocación se solicitó la captura internacional. Interpol lo busca en código rojo.
La familia de la víctima se enteró por este medio de esta insólita situación y, a través de su abogado Gustavo Lucero, radicaron en las últimas horas una denuncia ante la Superintendencia del Tribunal Superior de Justicia de Neuquén (TSJ) para que se investigue lo ocurrido y para que se adopten medidas severas contra los responsables. Desde la Justicia, en tanto, se dictó el decreto que ordena investigar lo sucedido para establecer si hubo funcionarios públicos -puntualmente del Ministerio Público Fiscal, a quienes se les atribuye el error- que no cumplieron debidamente con sus funciones.
El decreto emitido hoy por el TSJ cita el artículo periodístico de LM Neuquén a través del cual salió a la luz esta inédita situación, en la que por un "error" un asesino condenado a perpetua fue expulsado del país antes de cumplir los 8 años de pena.
El propio abogado de la familia Garro aseguró que lo ocurrido "es una locura". Recordó, en ese sentido, que Ruiz Herrera "fue condenado a prisión perpetua. Tiene condena hasta el 2049. Es totalmente injustificable tremenda negligencia".
El malestar de la familia del policía Garro es evidente, como así también el de su representante legal, aunque prefirieron ser cautos. "Nuestra idea es dejar todo en manos del Tribunal Superior de Justicia, que sea el que investigue y que adopte las medidas que haya que adoptar", señaló Lucero. De todas maneras, admitió que esperan que se tomen medidas fuertes, que se investigue las responsabilidades de la oficina judicial y del Ministerio Público Fiscal".
A su vez, señaló que fueron muchas las irregularidades. En ese sentido, subrayó que la querella no fue notificada sobre la audiencia en la que se tomó la determinación de dejar libre al asesino condenado a perpetua. "Es inadmisible", remarcó.
Para colmo, la expulsión del país de Ruiz Herrera ocurrió hace un año y si no hubiese sido porque LMN sacó a la luz tamaña irregularidad, la familia de la víctima no se hubiese enterado nunca de esta situación.
Ruiz Herrera y su padre Emilio Ruiz Valdevenito, asesinaron a tiros al subcomisario post mortem Víctor Garro el 5 de octubre de 2014 durante un procedimiento en la Toma El Mirador de Añelo. Ambos fueron condenados a prisión perpetua. Sin embargo, Ruiz Herrera lo expulsaron del país sin haber cumplido la mitad de la condena, uno de los requisitos básicos para el denominado extrañamiento.
Todo esto ocurrió a mediados del año pasado, pero el dato salió a la luz cuando LM Neuquén reconstruía la historia de Garro, cuya hija, Victoria, se sumó a la Policía pese al trágico final de su padre.
Según pudo reconstruir LMN, el 4 de diciembre de 2019 el Ministerio del Interior a través de la Dirección Nacional de Migraciones canceló la residencia de Ruiz Herrera por lo que pasó a ser un ilegal. El 16 de abril de 2020 se informó desde el organismo nacional a la justicia neuquina de la inminente expulsión.
En el primer semestre de 2021 es donde se va a producir el "error" por el que quedaría libre el asesino de Garro. Mientras que el 25 de junio de 2021 una comisión pasó por la U11, retiró a Ruiz Herrera y lo trasladó hasta el paso internacional Pino Hachado donde el chileno tuvo que realizar los trámites en la aduana de su país y quedó en libertad.
La fiscalía advirtió el error el 7 de julio de 2021. El fiscal Maximiliano Breide Obeid solicitó a la jueza Raquel Gass la captura internacional de asesino liberado. El 3 de septiembre de 2021, después de los trámites de rigor, Interpol libró la captura de Ruiz Herrera en código rojo.
“No sabíamos nada. Incluso mis tíos no sabían y nadie nos informó nada. Esto es muy indignante”, dijo Victoria Garro que tras el crimen de su padre optó, hace cuatro años, por sumarse a la Policía.
En un principio, la familia de Garro creyó que habían dejado ir al hombre mayor, Emilio Ruiz Valdevenito, porque está cerca de cumplir 70 años. Pero la indignación fue mayor cuando supieron que se trataba del hijo, Ruiz Herrera, y que no estaba en condiciones legales de acceder al extrañamiento.
Tras tomar conocimiento de esta situación, acudieron junto a su abogado al TSJ para radicar la denuncia correspondiente e iniciar una inmediata investigación a través de la cual se establezca las responsabilidades del caso.
La jueza de ejecución penal Raquel Gass dijo que se trató de "una situación desafortunada. Lamentablemente en este caso fue un error".
“Uno trata de que el trabajo sea lo más eficiente posible para brindar un servicio de justicia eficiente. Ahora, los seres humanos cometen errores y hay situaciones desafortunadas que fue lo que pasó en este caso”, señaló la magistrada al ser consultada por LM Neuquén.
“Muchos funcionarios trabajaron en forma remota por la pandemia, entre ellos los de la fiscalía de ejecución de pena. Migraciones nos preguntó si ya estaba cumplido el requisito temporal de Ruiz Herrera. Como Neuquén tiene un sistema acusatorio, no corresponde que conteste yo, por lo que le trasladé a fiscalía para que dictamine si se encontraba, en este caso, cumplido el requisito temporal. Me llegó el dictamen del funcionario Carlos Caroselli diciendo que estaba cumplido por lo que se le informó a Migraciones que se encargó de hacer el operativo para expulsarlo del país”, detalló Gass.
Carlos Caroselli, era persona de riesgo durante la pandemia, por lo que el dictamen lo realizó trabajando home office, ahora está jubilado.
La jueza a cargo de la ejecución penal aclaró cuando le consultamos si chequeó el dictamen: “No lo chequeo porque yo tengo que mandar vista al fiscal y ellos me informan. Fue un error y en este caso no me cabe la menor duda de que se trató de un error. Es muy respetable el equipo fiscal de ejecución. De hecho, ni bien lo advirtieron al error me pidieron la captura”, concluyó Gass quien aseguró que así como se lo liberó a Ruiz Herrera podría haber sido a Ruiz Valdevenito.
El abogado Lucero admitió que le "llamó poderosamente la atención que la jueza Gass haya realizado declaraciones públicas cuando todavía se debe realizar una investigación". Mientras que, paralelamente, reiteró la necesidad de "tomar medidas fuertes en este caso", principalmente "por las consecuencias de esta negligencia, que resulta inadmisible. Un condenado a prisión perpetua, por el asesinato a sangre fría de un policía, fue liberado sin llegar a cumplir 8 años de prisión. Tenía condena hasta el 2049".