La Agencia Nacional de Seguridad Vial relevó los equipos de las ruta nacionales y muchos no estaban habilitados.
Las radares en las rutas argentinas suman una nueva polémica: la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV) dio a conocer que existen más de 150 dispositivos irregulares en distintos puntos del país. La información surge tras un relevamiento realizado en enero de este año en unos 40.000 kilómetros de rutas nacionales, donde el organismo detectó múltiples irregularidades en el sistema de radares.
Según el comunicado de la ANSV, existen 526 cinemómetros autorizados para operar y labrar infracciones en las rutas nacionales. Son 363 equipos fijos y 163 móviles, pero gran parte de ellos presentaron inconsistencias en las habilitaciones otorgadas por el gobierno. Así, la agencia puntualizó 152 dispositivos que no cumplían con los requisitos legales exigidos para su funcionamiento.
Esto implica que muchas fotomultas emitidas en rutas nacionales podrían no tener validez, lo que abrirá la puerta a reclamos por parte de los automovilistas que hayan sido sancionados en estas condiciones.
La ANSV, de hecho, ya dio de baja algunos de los que operaban ilegalmente: se trata de seis radares fijos en Azul, provincia de Buenos Aires; un radar móvil en Exaltación de la Cruz; y cuatro radares móviles en Dina Huapi, provincia de Río Negro. Otras jurisdicciones ya fueron intimadas para que informen sobre el estado de los equipos.
Según la Ley Nacional 26.363 y el Decreto Reglamentario 1716/2008, "ningún cinemómetro puede operar legalmente en una ruta nacional sin autorización previa de la ANSV". Y quien tiene la facultad de autorizar, fiscalizar y controlar los sistemas automáticos de infracciones es la ANSV.
Además, para poder multar, los radares deben estar correctamente calibrados y señalizados, algo que no siempre ocurre en la práctica. Hay casos en los que los equipos fueron instalados por municipios o empresas sin la autorización correspondiente del organismo nacional. Esto afecta directamente la validez de las fotomultas.
En primer lugar, los radares deben estar habilitados por organismos competentes, como en este caso de las rutas nacionales lo es la ANSV. Además, la fotomulta debe proporcionar información precisa sobre el radar utilizado, como marca, modelo, número de serie y calibración vigente.
Cuando llega una multa por exceso de velocidad, lo primero que hay que hacer es chequear el número de radar que debería figurar en la misma. Si no aparece, la infracción puede considerarse nula.
Otro factor fundamental es la correcta señalización. La ley establece que los operativos móviles de control de velocidad deben estar siempre identificados por conos ubicados de 500 a 1.000 metros antes del radar; y los agentes deberán poseer matrícula habilitante para operar el dispositivo. Según la Ley Nacional de Tránsito, no es legal que los radares estén escondidos.
También es clave el procedimiento de notificación. Las fotomultas deben ser comunicadas dentro de un plazo razonable y con todos los datos necesarios: lugar, fecha, hora, velocidad registrada y límite permitido. Si falta información o hay errores, el acta también puede ser anulada.
Por otro lado, el conductor tiene derecho a ejercer su defensa. Esto implica poder acceder a las pruebas, como la imagen captada por el radar, y presentar descargos. En muchos casos, las irregularidades en los radares hacen que las fotomultas no puedan sostenerse ante una revisión administrativa o judicial.
Finalmente, hay que tener en cuenta la jurisdicción. No todos los municipios tienen potestad para instalar radares en rutas nacionales, lo que también puede ser motivo de invalidez de la multa.
Las habilitaciones y autorizaciones de los radares fijos y móviles que operan en las rutas nacionales pueden consultarse en el sitio web de la ANSV.