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El diputado de Democracia Cristiana, Carlos Coggiola, buscan que las leyes polémicas o de fuerte controversia se terminen de definir en las urnas antes de entrar en vigencia. El legislador impulsa un proyecto para poner en práctica la consulta popular vinculante, un mecanismo democrático previsto en la Constitución Neuquina desde 2006.
Coggiola recordó que hay dos artículos de la Constitución, el 310 y 311, que avalan la convocatoria a consultas populares para que los vecinos ayuden a definir temas trascendentales para la provincia. Ambos forman parte de una serie de mecanismos de democracia semi-directa, que no llegaron a reglamentarse.
El diputado propuso que, al momento de tratar una ley, esté la opción de someterla a consulta popular con carácter vinculante, es decir, que los votos de la ciudadanía sean determinantes. Agregó que, en esos casos, la norma "no entrará en vigencia hasta que no obtenga su ratificación".
Aclaró que se mantendrían como excepciones a esa alternativa las leyes referidas a tributos, al presupuesto o que requieran de una mayoría agravada de los votos de la Legislatura.
En el caso de que una norma se someta a las urnas, planteó que el voto sea obligatorio y los ciudadanos decidan por el "sí" o el "no" al texto completo que se somete a la consulta. Se necesitará que participe más del 35 por ciento del padrón para que el resultado tenga validez.
Si gana el "no", la ley queda descartada y no se podrá volver a presentar esa misma propuesta en la Legislatura por un plazo de dos años.
Además, Coggiola apunta a reglamentar las consultas populares "no vinculantes", en las que el voto de la ciudadanía es optativo y el resultado de las urnas se debe tener en cuenta pero no define la entrada en vigencia de una medida.
Planteó que cualquier proyecto de ley se pueda someter a consulta popular no vinculante y, si obtiene el aval mayoritario de los electores, la Legislatura estará obligada a tratarlo, pero no a aprobarlo. Si el Ejecutivo provincial lleva a las urnas una iniciativa de gobierno, tampoco deberá acatar la decisión de los ciudadanos, aunque tendrá que explicar los motivos de su disidencia.
La propuesta contempla que el llamado a las urnas para cualquier tipo de consulta popular "no podrá coincidir con otro acto eleccionario" y que se permita a los partidos políticos hacer campaña por el "sí" o por el "no".
Entre los fundamentos para esta propuesta, el legislador recalcó que ambos tipos de consulta popular se incorporaron en nuestra Constitución en 2006 y debían reglamentarse en un plazo no mayor al año y medio, requisito que no se cumplió hasta la fecha.