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Desandando crímenes y recuperando historias fue que me puse a hurgar en el casi inadvertido asesinato del subcomisario post mortem Víctor Garro, que fue ejecutado el 5 de octubre de 2014 durante un procedimiento en la toma El Mirador de Añelo.
La causa fue bastante simple, porque a los asesinos, padre e hijo oriundos de Chile, los detuvieron de inmediato. En mayo de 2015 fueron condenados por unanimidad por un jurado popular y en diciembre de ese año les dictaron perpetua, es decir, 35 años de prisión.
Todo era tan sencillo que nada debería estar fuera de lugar, pero sí. En esta difícil tarea de "sacar a la luz aquello que está oculto", descubrí la liberación de Héctor Hernán Ruiz Herrera, uno de los asesinos, bajo la figura del extrañamiento.
El extrañamiento es una figura legal a la que recurren los presos extranjeros para que los expulsen del país cuando tienen la mitad de la condena cumplida. De esa forma recuperan la libertad, pero ya no pueden volver a ingresar a la Argentina.
Ruiz Herrera no llevaba ni un cuarto de condena cumplida cuando lo expulsaron por un error del asistente letrado Carlos Caroselli que hizo mal el computo de pena.
Ese "error" fue parte del dictamen que entregó a sus superiores y a la jueza de ejecución Raquel Gass que dieron la autorización para que la Dirección Nacional de Migraciones lo trasladara de la U11 al paso internacional Pino Hachado donde lo dejaron en la aduana chilena en libertad.
Todos confiaron en el dictamen de Caroselli y por eso pasaron de largo. Ahora, a Ruiz Herrera lo busca Interpol en código rojo.
Acá hacemos un parate obligado. Todo esto ocurrió a mediados del año pasado. ¿Por qué nadie informó a la familia de Garro o al querellante? ¿Por qué Caroselli se jubiló a poco más de un mes del garrafal error cometido? ¿Por qué con todos estos elementos sobre la mesa no se puede sospechar de algún tipo de encubrimiento al funcionario judicial?
En definitiva, Caroselli tuvo una salida rápida, silenciosa y cobra una jugosa jubilación. Moleste a quien moleste, la sospecha debe estar en la esencia de un periodista.
Ahora, el Tribunal Superior de Justicia a raíz de la denuncia de Gustavo Lucero, querellante de la familia Garro, ha puesto en movimiento el análisis de los hechos para determinar las responsabilidades. Ojo, no hay que olvidarse que hay un asesino que no cumplió con la condena por asesinar a un policía, que no es un delito menor.
A esta altura, los Garro son víctimas de un doble crimen. El sabor a impunidad nadie se los va a sacar de la boca. En definitiva, sospechas hay a raudales y explicaciones claras, pocas.