Por PAULA BISTAGNINO
Por PAULA BISTAGNINO
Buenos Aires > En 2003 el ex presidente de la Nación Néstor Kirchner puso por primera vez en la historia a un civil en la dirección del Servicio Penitenciario Federal. El primero fue Alejandro Marambio, quien estuvo al frente durante casi 8 años. Víctor Hortel lo reemplazó en abril de 2011 y desde entonces es el máximo responsable de las 45 unidades penitenciarias federales de todo el país. Abogado y escribano, tiene 49 años y más de 30 en la Justicia penal. Fue procurador, defensor oficial y llegó a este cargo desde la Subsecretaría de Promoción de Derechos Humanos con el objetivo de “llevar a las cárceles la batalla cultural que el kirchnerismo está dando afuera”, dice. “Hay que cambiar toda una historia y una manera de funcionamiento muy arraigada. Y eso lleva años.
¿Cómo se construye ciudadanía en el encierro?
Primero hay que decir algo que parece una obviedad y que casi me da vergüenza decirlo, pero que es necesario repetirlo porque todavía hay gente que lo niega: las personas detenidas sólo están privadas de su libertad ambulatoria y no de todo el resto de sus garantías constitucionales y derechos como ciudadanos. Esto prácticamente no existía y no existe en las cárceles argentinas. Y eso es lo que nosotros queremos cambiar. ¿Cómo? Nuestro trabajo es tomar las principales políticas del Gobierno en el sentido de construir ciudadanía y darles un contenido dentro del sistema penitenciario. Eso es toda una definición: abordar la cuestión penitenciaria no desde la política criminal sino desde las políticas de derechos humanos y de inclusión, que son los dos grandes pilares de la batalla cultural que emprendió este Gobierno.
Desde un punto de vista teórico, la cárcel puede ser un sistema de reinserción o un sistema de castigo, como lo es por ejemplo en Estados Unidos donde las condenas son mucho más duras. En la Argentina, teóricamente, se encierra para reinsertar. Sin embargo, la sociedad entiende que el delincuente debe ser castigado.
Esa es la teoría y se puede discutir un día. Si bien históricamente se habla de readaptar y reinsertar, la realidad es que la cárcel es encierro y el encierro es castigo. En términos doctrinarios, hay un gran consenso sobre el fracaso de la pena privativa de libertad como método de reinserción. Ya se ha demostrado que la cárcel no logra ni fomenta ese objetivo. Al menos en los grandes números. Pero la realidad es que las cárceles siguen estando y por ahora otra solución está muy lejos. Entonces, lo que tenemos que hacer es ver cómo mejoramos este sistema y cómo gestionamos a pesar de la cárcel.
¿Por qué todavía es excepcional que los presos trabajen o estudien?
Porque a los penitenciarios no les interesaba. Y entonces con el argumento de la seguridad, que es como un mito instalado, siempre obstaculizaron el vínculo con el afuera. A ver, nosotros sabemos que no estamos auditando un jardín de infantes ni un parque de diversiones. Sin embargo, decidimos abrir las cárceles. Porque creemos que buena parte de la razón del fracaso es el encierro y el aislamiento. Son muchas las cosas que se pueden hacer. Y hoy estamos orgullosos de poder decir que logramos que en el SPF, el 70% de los presos trabajen y estudien. Retomamos la relación con la Universidad de Buenos Aires, que estaba muy mal, y además cambiamos los talleres de laborterapia por tareas productivas para intentar hacer un círculo virtuoso: en primer lugar, a los detenidos se les asegura un salario mínimo que no sólo genera su propia inclusión en el sistema, porque tienen ART y aportes, sino que en el 60% de los casos les permite mantener a sus familias afuera. O sea, doble inclusión. Pero además, los talleres generan otra inclusión externa porque los trabajos que se hacen son, por ejemplo, producir textos en braile para los no videntes, hacer juguetes didácticos para los chicos de escuelas de zonas pobres, adiestrar perros de compañía para personas discapacitadas, etc. Otra actividad que estamos organizando y que seguramente se concrete este año es incorporar un barco de pesca para que los internos de la Unidad 6 de Rawson pesquen para los comedores infantiles de la zona. Esto no resuelve la contradicción que muchos académicos señalan que hay en el hecho de encerrar a la gente para prepararla para vivir en libertad, pero son herramientas.
La formación de los penitenciarios es uno de los pilares para transformar la cultura carcelaria, ¿cómo se cambia?
Hay dos cuestiones clave en la formación. Por un lado, se dio un paso enorme en la gestión anterior cuando se hizo un acuerdo con la Universidad de Lomas de Zamora y desde entonces los cadetes son alumnos universitarios. O sea que ya desde ahí se cambia el perfil. Aparte tienen la formación y el entrenamiento operativo, pero la educación formal la reciben en la universidad. Los efectos de esto todavía están por verse porque recién el año que viene va a estar la primera camada con la que comenzó esto. Pero además, lo que hicimos fue incrementar la formación en derechos humanos adentro: este año hicimos un curso de prevención de tortura que tiene el nivel de exigencia de la Corte Interamericana al que mandamos a todos los oficiales superiores y jefes, o sea los que tienen la máxima responsabilidad y los que deciden.
Además de ir a la universidad, los cadetes tienen visitas al Museo de la Memoria (ex ESMA) y asisten a las audiencias y juicios contra represores. ¿Hay resistencia a esto?
Ahí hay una diferencia generacional que es clave y por eso apuntamos a los cadetes para hacer el cambio cultural. Y estas acciones tienen que ver con la incorporación de la cosa conceptual de los Derechos Humanos y lo que son los ejes de Memoria, Verdad y Justicia. Lo más reaccionario está en los altos cargos y en la punta de la pirámide de edad. Entonces ahí no intentamos modificar conciencias porque es una utopía, sino que directamente ponemos reglas claras: hay que respetar la Constitución y los tratados internacionales. Ahí seguro que hay resistencia, lo que pasa es que en una estructura vertical nadie te va a venir a decir en la cara que no está de acuerdo. Pero ponen obstáculos para que se hagan las cosas, o directamente mandan amenazas y anónimos. Nada grave; lo tomamos como parte del folklore. Todavía no ha transcurrido una década desde que hay un civil al frente del SPF y esto sigue generando resistencia. Pero hay mucho de tradición en eso y seguramente cambiará con el transcurso del tiempo. Porque la verdad es que cada vez son más, sobre todo en los niveles medios y bajos de la fuerza, los que agradecen que sea un civil el que conduzca.
Todavía hay casos de torturas y muerte en las cárceles. Y aunque es cierto que en proporción menor, el SPF no es la excepción en esto. ¿Cuánto tiempo más llevará erradicar esta práctica?
El servicio no tiene una situación estructural de torturas. Pueden existir tipos arcaicos y primitivos que creen que pueden hacer lo que quieren con los presos, pero de ninguna manera se tolera la tortura. Incluso ya son los propios penitenciarios los que empiezan a denunciarlo de manera anónima. Y nosotros somos implacables con estas prácticas. Este Gobierno no puede permitir que se violen los derechos humanos en ningún lado. La apertura de las cárceles es también una herramienta para impedir esto. Y aunque ideológicamente les cueste, se cuidan porque saben que es el fin de la carrera. Nosotros hemos tenido algunos hechos graves y fuimos los primeros en denunciarlos. Acá hay un tema que tiene que ver con que el SPF y una Ley orgánica de 1973, o sea anterior a la reforma constitucional y a la ratificación de los tratados internacionales, y, por ejemplo, todavía queda un artículo que dice que cualquier denuncia o acción que se haga contra un agente penitenciario, el Servicio lo tiene que defender. Esto es absolutamente anticonstitucional y nosotros por medio de una resolución sacamos todas las defensas. Pero hubo jueces que dijeron que los que tenemos que seguir defendiendo. Entonces hay una cuestión corporativa, respaldada por parte de la justicia, que entorpece la investigación de estos hechos.
¿Cree que esto se va a poder extender a los servicios provinciales?
Los servicios provinciales tienen muchos más problemas estructurales. Pero el modelo del SPF ya está siendo tomado como ejemplo por algunas provincias como Neuquén justamente y Río Negro que nos hicieron pedidos de cooperación. También recibimos pedidos de Chile y Honduras. Eso no significa que no falta muchísimo. Pero no es de un día para el otro: estamos dando vuelta una historia de décadas.