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El Departamento de Estado realizó un informe publicado el martes pasado sobre el estado de los derechos humanos en el mundo. En el caso de Argentina fue duro con la Justicia por las causas del kirchnerismo y el espionaje bajo el gobierno de Macri.
El gobierno de Joe Biden criticó la "falta de implementación efectiva" de las leyes para prevenir y sancionar hechos de corrupción en la Argentina. El trabajo además dice que "instituciones débiles y un sistema judicial a menudo ineficaz y politizado socavaron los intentos sistemáticos de frenar" este problema.
El Departamento de Estado, hoy a manos de Antony Blinken destacó que los fiscales argentinos estimaron un "esquema de sobornos en 160 millones" y que la ex presidenta y sus hijos Máximo y Florencia enfrentaron otros cinco casos de corrupción financiera a partir de noviembre.
"Las instituciones débiles y un sistema judicial a menudo ineficaz y politizado socavaron los intentos sistemáticos de frenar la corrupción", describe el trabajo del Departamento de Estado. "La corrupción ocurre en algunas fuerzas de seguridad" y la "forma más frecuente de abusos incluyen extorsión y protección es involucrados en narcotráfico, trata de personas, lavado de dinero y promoción de la prostitución".
Hay "acusaciones de corrupción en juzgados provinciales y federales también son frecuentes", apuntó el documento, que también da cuentas de la investigación que se lleva adelante por espionaje ilegal durante la gestión de Macri y que involucra el titular de la Agencia Federal de Inteligencia Gustavo Arribas y su segunda Silvia Majdalani.
El informe anual que elabora el Departamento de Estado da cuenta de las situaciones registradas en el año 2020. "Entre los problemas de derechos humanos más importantes se encontraban los siguientes: asesinatos ilegales y arbitrarios y torturas por parte de la policía federal y provincial; condiciones penitenciarias duras y que ponen en peligro la vida; problemas importantes con la independencia del poder judicial; graves actos de corrupción; violencia motivada por el antisemitismo; y trabajos forzados a pesar de los esfuerzos del gobierno por combatirlos."
Hubo varios informes de que el gobierno o sus agentes cometieron asesinatos arbitrarios o ilegales. El 6 de agosto, la policía provincial disparó y mató a Valentino Blas Correas, de 17 años, cuando el conductor del vehículo en el que viajaba intentó evadir un control policial en la ciudad de Córdoba.
El Comité contra la Tortura de la Comisión Provincial de la Memoria de Buenos Aires denunció 134 muertes en 2019 por fuerza injustificada o excesiva de la policía en el área metropolitana de Buenos Aires.
Los medios de comunicación reportaron un aumento de los homicidios en la provincia de Santa Fe durante el 2020, con 330 reportados hasta octubre, en comparación con 279 durante el mismo período de 2019.
Durante el año se denunciaron desapariciones por parte de las fuerzas de seguridad o en su nombre. Facundo Astudillo Castro desapareció el 30 de abril mientras hacía dedo a unos 75 kilómetros de su casa en Bahía Blanca, poco después de que la policía lo detuviera por violar la cuarentena COVID-19.
Las condiciones de las prisiones eran a menudo duras debido al hacinamiento, la mala atención médica y las condiciones insalubres. Se denunciaron traslados forzosos y el uso recurrente del aislamiento como método de castigo, especialmente en la provincia de Buenos Aires, donde se encontraba más de la mitad de la población penitenciaria total del país.