Además, en diálogo con LU5, denunció que una mujer de apellido Correa les cobró 2.500 pesos para conectarles la luz y otros 2.500 pesos por el agua. "Fue un pago por única vez para instalarnos la red y después nos pide otros 50 pesos de cuota mensual", detalló Carrillo, quien indicó que alrededor de 350 familias viven en la toma Ruca Antu.
"Esta señora Correa, junto a dos chicas de Acción Social, están trabajando como punteras políticas del barrio", contó la vecina. Explicó que la mujer no les deja ir personalmente a reclamar por sus servicios ni a la cooperativa CALF ni a Acción Social, sino que ella actúa de intermediaria y que había conseguido un medidor comunitario. "Es una sinvergüenza y quiere que nosotros nos sumemos a eso", destacó.
"No es nuestra tarea", respondió CALF
En respuesta al reclamo de los vecinos, el presidente de la cooperativa CALF, Carlos Ciapponi, sostuvo que ellos no pueden realizar la instalación de la red en un lugar donde no están regularizados los terrenos.
"No tienen ningún respaldo de un documento, es una situación muy delicada. Pero CALF no puede, no es su tarea construir una red en un lugar donde no hay una una mensura y tampoco es la obligación hacerla", comentó Ciapponi, en declaraciones a LU5.
En este sentido, consideró que los vecinos asocian a CALF con el prestador del servicio eléctrico, pero detalló que la cooperativa no puede poner un medidor donde no hay una documentación mínima para instalar los postes.
También negó que se haya entregado un medidor comunitario y garantizó que si hay gente actuando como intermediaria, esas personas "no tienen nada que ver con CALF". "No permitimos ninguna avivada, como gestores", aseguró Ciapponi.
Por último, destacó que "la misma gente dice que está conectada en forma ilegal y la cooperativa tiene la obligación de que cuando encuentra una conexión ilegal, de desconectar".
