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El conflicto llevó varios meses, incluso con una dura carta del intendente Leandro Bertoya al gobierno provincial, que trajo un roce político que llegó hasta el propio gobernador Omar Gutiérrez.
Durante una audiencia realizada el pasado viernes en la Ciudad Judicial, el fiscal del caso, Marcelo Silva, formuló cargos a dos personas y pidió la rebeldía y captura de otras dos que no se presentaron, en ambos casos a partir de su participación en una toma de tierras.
Los hechos, según describió el fiscal, comenzaron entre el 27 de septiembre y el 24 de octubre del año pasado y continúan en la actualidad. Silva explicó que las dos personas acusadas fueron identificados como integrantes de un grupo que, por la noche y sin autorización, ingresó y tomó posición de aproximadamente 36 hectáreas de tierra, pertenecientes a una empresa privada, en la localidad.
El predio conforma un sector del futuro desarrollo urbano, "un proyecto de desarrollo armónico" en proximidades al río Neuquén. Bertoya puntualizó que quienes incentivan la usurpación "nos perjudican como comunidad".
De manera provisoria, la Fiscalía calificó el accionar de los acusados como el delito de usurpación, en calidad de coautores (con los artículos 181, inciso 1; y 45 del Código Penal).
El fiscal detalló que, pese a haber sido intimadas, aproximadamente 250 personas permanecen en la actualidad en el predio y que la acusada y los acusados "han actuado como voceros y referentes del grupo".
Previo a la formulación de cargos, el representante de la Fiscalía pidió la rebeldía y captura de los imputados que no se presentaron a la audiencia.