El Congreso Nacional debatirá la transparencia frutícola

Productores frutícolas, intendentes del Alto Valle y funcionarios rionegrinos se reunieron esta semana en Buenos Aires para impulsar el tratamiento de una legislación nacional de transparencia frutícola. Aunque no todos los actores defendieron lo mismo, los resultados obtenidos fueron positivos. El proyecto de ley (ver recuadro), en cuya redacción participaron diputados de Neuquén y Río Negro, será presentado en los próximos días en la Cámara de Diputados. Se estima que será el jueves 28.Las reuniones porteñas se realizaron con el senador Miguel Pichetto, con la secretaria de Desarrollo Rural del Ministerio de Agricultura, Carla Campos Bilbao, y con la Comisión de Agricultura de la Cámara baja.1. Según pudo saber E&E de fuentes que participaron de las tres reuniones Picheto intentó ponerse al día con el estado de las negociaciones. Sostuvo que los empresarios “de cara a la temporada siempre empiezan con el discurso negativo” y agregó que el problema de los chacareros no era la falta de transparencia comercial, sino la falta de información. El senador también quiso interiorizarse de las gestiones iniciadas por el secretario de Comercio Interior, Guillermo Moreno, sobre las liquidaciones a los productores. Informado de los resultados nulos calificó a Moreno de “tigre de papel”. 2. La reunión con Campos Bilbao fue más operativa y se limitó a la instrumentación del “fondo rotativo” de 20 millones de pesos que aportará el Ministerio de Agricultura. Los datos clave son que los intendentes, con participación de las cámaras, se ofrecieron a gestionar los recursos y que el dinero será girado formalmente con un acto en Villa Regina previsto para el próximo 2 de noviembre. Aquí también se reafirmó el apoyo del Ministerio a la legislación nacional de transparencia. Entre las cámaras de productores presentes. en tanto, causó mucho enojo la intervención del ministro de Producción rionegrino, Juan Accatino, quien destacó que debía tenerse \"mucho cuidado\" con la legislación, pues algunas empresas exportadoras “podrían tomar la decisión de abandonar la región”, como ya lo hicieron con la producción de uvas en Valle Medio. También se criticó la reciente “auto toma” de la Secretaría de Fruticultura rionegrina y los llamados de Viedma a Agricultura informando sobre “desbordes en el Valle”.3. El encuentro más importante fue el que se realizó con la Comisión de Agricultura para la presentación de la “Ley Nacional de Transparencia”. Allí se consensuó la presentación del proyecto para el próximo jueves.El proyectoEl núcleo central del proyecto que se presentará en Diputados consiste en que las operaciones de compraventa entre los productores primarios y los empacadores-comercializadores deberán “formalizarse por escrito con anterioridad a la pérdida de la posesión del producto”, es decir, habrá que hacer un contrato antes de que la fruta salga de la chacra. Indefectiblemente, dicho contrato deberá incluir algunos elementos básicos. El primero es un precio; no un precio determinado, sino solamente un precio. En caso de que no se incluya, deberá contar al menos con un mecanismo de determinación de un “precio objetivo”. El segundo es un plazo máximo de 6 meses para pagar la fruta. El tercer elemento es un porcentaje máximo de descarte.La ley prevé que el comprador lleve un registro con el detalle de sus compras: Nombre del vendedor, especie comprada, cantidad de fruta objeto del contrato indicando variedad, fecha de ingreso de la fruta a su establecimiento, precio, destino y cantidad de fruta de descarte. El total de la fruta adquirida por un comerciante se constituirá en un fideicomiso que constituirá una garantía (patrimonio de afectación) a favor de los productores-vendedores. El derecho se extinguirá recién cuando se haya pagado la totalidad de los contratos. Para participar del negocio, los compradores deberán anotarse en un registro con el fin de obtener una licencia obligatoria. Las licencias se renovarán anualmente e implicarán el pago de un tributo destinado a la administración de la nueva ley. Pero el principal objetivo de la licencia es hacerla pasiva de sanciones frente a la violación de las normativas. Estas sanciones van desde la suspensión de la licencia por 90 días por faltas leves a su revocación definitiva.La autoridad de aplicación será el Ministerio de Agricultura, quien podrá delegar en los gobiernos provinciales los órganos de aplicación.