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Se trata de dos expedientes paralelos en los que se debían establecer los montos totales y la forma de pago de una sentencia de 2015 que firmó el máximo tribunal, pero cuya ejecución se fue dilatando en el tiempo. Exactamente, se le deberán reintegrar a Santa Fe $54.023.114.304 millones por una causa, $14.036.708.553 por la otra y otros $18.000 millones por una queja idéntica radicada en la Corte en 2009.
La decisión surgió horas después de que el ministro de Justicia, Martín Soria, visitara por primera vez en ocho meses a los jueces en los tribunales de Talcahuano y expresara duras críticas hacia el funcionamiento de la Justicia y de la propia Corte. "Tiene una crisis de funcionamiento que atenta contra su legitimidad. Necesitamos una justicia ágil, que se ocupe de los problemas que les preocupan a todos los argentinos", afirmó. Como trasfondo, además, se encuentra la presentación del Gobierno de un proyecto ante el Congreso para que se trate la reforma del Consejo de la Magistratura.