Viedma (ADN) > Desde el año 2004, la Jefatura de Policía de Río Negro emitió 40 resoluciones de cesantía de empleados de la fuerza de seguridad por distintos motivos. En caso de condenas judiciales, preventivamente se les retiran las armas reglamentarias y la jerarquía del uniforme, según informó la Agencia Digital de Noticias Río Negro.
De ese total, 12 fueron cesanteados por abandono de servicio y otros 12 por “peticionar en forma colectiva y participar o instigar a cometer huelga, desobediencia colectiva, acuartelamiento u otro medio de acción directa”, según los términos de un informe del jefe de la Policía, comisario general Jorge Villanova.
Además, 15 efectivos fueron involucrados en la comisión de hechos tipificados como delitos dolosos o contravencionales y “no mantener en la vida pública o privada la corrección y el decoro que impone la función” y otro agente por acumulación de sanciones disciplinarias.
Durante los últimos seis años y medio, la Jefatura también dictó 17 resoluciones, disponiendo la exoneración de empleados policiales, de los cuales dos fueron motivados por hechos relacionados con los deberes de los agentes previstos como delitos en la legislación y los restantes 15 por delitos dolosos o contravenciones.
Mientras tanto, se efectuó un relevamiento de las situaciones de revista, originadas como consecuencia de la recepción de resoluciones de procesamiento o condena judicial, arrojando como resultado que 10 efectivos policiales se encuentran procesados y ninguno de ellos presta servicios, ya que ocho fueron desafectados preventivamente y dos revistan en situación pasiva.
Se confirmó que hay 26 policías condenados, de los cuales siete están desafectados del servicio, 13 están en situación pasiva, tres cumplen funciones con adecuación de tareas, dos están sujetos a reglas de conducta impuesta por fallo judicial y uno está con retención total de haberes.
Villanova destacó que por cada una de esas situaciones administrativas está en trámite la respectiva actuación preliminar y sumarísima tendientes a garantizar el debido proceso que culminará con la emisión del acto resolutorio determinado por el reglamento de normas para los sumarios administrativos.
El jefe policial puntualizó que “existe una directiva de carácter permanente, donde cada jefe de unidad, al tomar conocimiento que un efectivo policial fue condenado por la Justicia provincial o federal, preventivamente se le debe retirar el arma reglamentaria y prendas del uniforme, adecuándose las tareas hasta tanto se resuelvan las respectivas actuaciones”.