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Después de meses de discusión, el MPN consiguió el respaldo de buena parte de la oposición para aprobar un nuevo contrato de Calf, que definirá la tarifa y el servicio de luz por los próximos 20 años. La propuesta se tratará en la segunda sesión de abril. Por ahora, el oficialismo cuenta con los votos.
Para convertirse en ordenanza, el contrato necesita el acompañamiento de al menos 10 concejales de los 18 que componen la cámara. Se da por descontado el respaldo de los cinco ediles del MPN y su aliado Camilo Echevarría (FRIN). En comisión, expresaron también su apoyo Cecilia Maletti (Libres del Sur) y dos de las tres ramificaciones de Juntos por el Cambio: la de José Luis Artaza (JC-NCN) y Guillermo Monzani (JC-UCR).
Además, aunque no firmó el despacho, el Frente de Todos adelantó su acuerdo. También el ala de Juntos por el Cambio-Pro, pese a que mantiene disidencias, apuesta a saldarlas en el recinto. Eso implica entre 13 y 15 votos a favor, si no surgen sorpresas.
El presidente del bloque del MPN, Atilio Sguazzini, destacó el consenso que lograron, aunque se mostró cauto. Dijo que no buscarán una votación rápida, sobre tablas, sino que aprovecharan las semanas por delante “para tener el máximo acompañamiento posible”.
Informó que el despacho que destrabó la discusión modifica tres puntos polémicos para algunos bloques de la oposición, como el llamado ARO (Aporte Reembolsable por Obra), la “pérdida” de energía y la auditoría que fijará un nuevo cuadro tarifario y plan de obras. (Ver aparte.)
Este otoño, una vez que el contrato esté vigente, los usuarios de Calf empezarán a pagar una “tarifa inicial”, que implica una suba escalonada respecto de los valores actuales.
Luego, para principios de 2023, el precio de la luz dependerá de lo que establezca la auditoría. La idea es analizar en detalle cada cableado y cada transformador de la ciudad, como también toda la organización administrativa de la cooperativa, para definir las inversiones de los próximos 20 años y cuánto deben pagar los vecinos.
Es la primera vez que se plantea un contrato con Calf a 20 años. El anterior, que se firmó en 2007, era por la mitad de ese tiempo y lleva cuatro años vencido. Sguazzini destacó que están a un paso como Concejo “de resolver una situación que está pendiente desde 2017”.
Para Ana Servidio, del Frente de Todos, el principal avance que se logró fue acordar los “términos de referencia” de la auditoría a Calf, “porque conseguimos que se incorpore una variable socioeconómica para establecer una tarifa segmentada en función de los ingresos de las familias”. Indicó que también bregarán para que ese estudio quede a cargo de la Universidad Nacional del Comahue.
Aclaró que, “en términos generales, estamos acuerdo con el despacho al que se llegó y entendemos que es necesario que salga el contrato para trabajar con un esquema tarifario más justo”.
Marcelo Bermúdez, de Juntos por el Cambio-Pro, fue crítico con el despacho. Sostuvo que las modificaciones al proyecto original “fueron mínimas, parciales y poco claras”.
Cuestionó también que no toquen “los gastos de administración de Calf ni el cuadro tarifario que cuestionaron desde Acipan y la Cámara Hotelera”. Sin embargo, señaló que pedirán una reunión al MPN “para ver si podemos mejorar algo más en este par de semanas que nos queda” y llegar a un consenso el día de la votación.
La aprobación del nuevo contrato de Calf implica barajar y dar de nuevo a la hora de decidir cuánto deben pagar por la luz las familias, los comercios y las industrias. El proyecto que está a un paso de su aprobación, en el corto plazo, establece un cuadro tarifario escalonado “inicial”, que se traducirá en un aumento para los vecinos de consumos medios y altos.
Esos valores "iniciales" estarán vigentes hasta que se realice una auditoría externa sobre todo el servicio eléctrico. Ese estudio definirá cuánta energía demanda la ciudad, cuánto cuesta llevarla a cada domicilio, dónde hay que invertir en extender o mejorar el tendido y cómo administrar todo eso desde la cooperativa.
Se estima ese análisis tan detallado tardará entre 12 y 18 meses, a partir de que se contrate a los auditores, de modo que estará listo para fines de 2022 o principios de 2023.
Sobre la tarifa provisoria, que se aplicará en lo inmediato, trascendió que unificará el cargo fijo en 110 pesos (a valores del año pasado) y ya no habrá sobresaltos en el precio cuando se superen los 250 kW en el mes. Así, las familias con baja demanda pagarán un poco menos y las de consumos medios y altos, al igual que los comerciantes e industriales, deberán desembolsar más.
Ese esquema generó el rechazo de la cámara comercial Acipan y de la que nuclea a los hoteleros y gastronómicos. Habrá que ver qué ocurre a mediados de año, cuando el incremento escalonado empiece a reflejarse en las facturas.
- El ARO inmobiliario: Un punto muy discutido del contrato de Calf es el Aporte Reembolsable por Obra (ARO). Hoy, es un monto que le paga la cooperativa a los desarrolladores urbanos que invierten en la red eléctrica, como compensación. Se los devuelve en energía con cada factura, pero existe un “doble cobro”, porque las empresas reciben también un reintegro por las obras que hicieron de los clientes que les compran los inmuebles.
El despacho establece que los compradores de lotes y departamentos paguen sólo la parte de la inversión que los beneficia; es decir, la “potencia” que requiere el edificio o barrio. A futuro, si hay una “potencia extra” aprovechada por otros vecinos o instituciones, Calf le reconocerá un reintegro al desarrollador, a valores actualizados por inflación.
- La “pérdida” de las tomas: Un aspecto polémico del anterior contrato y el que se busca votar es que le reconocen a Calf un 20 por ciento de “pérdida técnica y no técnica”, es decir, energía que se inyecta a la red pero no llega a los domicilios.
En todo el mundo, la erosión “técnica” ronda el 10 por ciento, la mitad de lo que declara Calf. Esa pérdida se cobra en un prorrateo entre todos los usuarios y encarece la luz. El argumento para que en Neuquén sea más alta son los “enganchados” de las tomas.
El nuevo despacho indica que, en adelante, le reconocerán a la cooperativa un 19 por ciento de pérdida, con una reducción gradual a un 12 durante la próxima década, lo que implica regularizar todos los asentamientos de la ciudad y evitar que se formen nuevos.
- Auditoría para 20 años: En el debate del contrato, hizo mucho ruido la auditoría externa a Calf, que definirá el estado de la red, la demanda, el plan de inversiones y la tarifa. Para evitar suspicacias, el oficialismo accedió a votar una segunda ordenanza, que fije los “términos de referencia” que tendrá que cumplir ese estudio, porque incidirá nada más y nada menos que en el servicio de luz de acá a 2041.
Esos términos se están redactando en una ordenanza que será muy técnica y específica. Es probable que se vote después del contrato de Calf. Cuando esté aprobada, será el punto de partida para la convocatoria y contratación de los auditores externos, quienes deberán devolver al Ejecutivo y al Deliberante su informe detallado en un plazo máximo de 18 meses.