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La primera norma, la Ley 23109 de 1984, estableció una cobertura de salud a elegir entre obras sociales de las Fuerzas Armadas o PAMI (sólo en caso de incapacidad), becas para estudio y acceso a vivienda sólo para los ex conscriptos. Cabe la pregunta: ¿era el PAMI la obra social adecuada para alguien con 25 años? ¿Necesitaban estudiar o ayuda psicológica? La implementación era confusa y la ley se reglamentó nuevamente en 1988 estableciendo tres condiciones a cumplir: haber estado en el mar desde las 12 millas de la costa este, en el archipiélago Islas Malvinas-Georgias-Sandwich del Sur y sus espacios aéreo o submarino (lugar) entre el 2 de abril y el 14 de junio de 1982 (fecha) participando en las acciones bélicas (hechos). Quien quisiera ser “veterano de guerra”, además de llevar las marcas en su cuerpo y mente, debía demostrar estos requisitos ante las Fuerzas Armadas.
Los oficiales y suboficiales “quedaban afuera” y el gobierno hizo caso omiso, sobre todo después de los levantamientos Carapintada, hasta que tras la asunción de Carlos Saúl Menem se los incluyó en el esquema de planes de vivienda y becas de estudio vigentes en 1989.
Recién en 1990 se sancionó la primera pensión de guerra (Ley 23.848). Equivalía al 100 por ciento del sueldo de un cabo del Ejército, mantenía los requisitos (lugar, fecha, hechos) vigentes y estaba destinada a conscriptos y civiles. Habían pasado 8 años de posguerra, desempleo y suicidios. Oficiales y suboficiales se sumaron en 1994 (los que habían solicitado la baja) y en 1997 (retirados). El Estado cerró 15 años de posguerra consolidando grandes definiciones sobre quién era o no veterano.
Neuquén hizo lo propio en 1998 con una ley para ex-conscriptos que se mantuvo hasta 2006, año en que se la reemplazó por otra dirigida a quien reúna las condiciones (lugar, fecha, hechos) fijados por Nación. El monto a cobrar se ancló en un porcentaje variable del sueldo de un Juez de Paz. Además, también se contemplaron la educación y la vivienda, entre otros.
En cuanto al número, los mismos veteranos se objetan entre sí, señalando que el padrón nacional de 23.000 combatientes fue nutrido por las FFAA con personas que no necesariamente estuvieron en el lugar. Dicen, con ironía, que esa cantidad de efectivos habría alcanzado para “recuperar tres veces las islas”.
La polémica también llega al número de caídos, históricamente fijado en 649 y también objetado a partir de, al menos, 17 fallecidos en el continente. Por otro lado, también hay quienes buscan un reconocimiento imitando los viejos modos de los excombatientes en los ´80 y ´90. Tal es el caso de los “movilizados”, quienes tampoco cumplen el requisito de “lugar” de las leyes vigentes. Mientras tanto la justicia, desde hace algunos años, reconoce en contados fallos la veteranía generando inequidad dentro de ese colectivo.
Ninguna definición es neutra, sobre todo si la certificación de lugar, fecha, hechos (y posterior cobro de pensión) cae en manos de las mismas FFAA que combatieron en Malvinas para luego ser denostadas por lo hecho con los derechos humanos. La cifra del padrón, ¿reflejará alguna pugna de poder entre civiles y militares?
Para finalizar la sociedad debería responderse: ¿qué hacemos con el ínfimo número de ex combatientes cuyas manos llegaron a Malvinas manchadas con la sangre de jóvenes desaparecidos?
(*) Mario Flores Monje es licenciado en Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales e hijo de Mario Flores, tripulante del Crucero General Belgrano que fue bombardeado por los ingleses durante la Guerra de Malvinas. Actualmente integra la Comisión de Familiares de Caídos en Malvinas de Neuquén.