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La Extinción de Dominio, aplicada por primera vez

En un fallo histórico, la Justicia de Mendoza le quitó los bienes a un ex intendente corrupto.

En un fallo histórico, la Justicia de Mendoza despojó de parte de sus bienes al ex intendente de la localidad de Guaymallén, Luis Lobos, y a su esposa Claudia Sgró por presunta corrupción. Se trata del primer juicio bajo la figura de extinción de dominio en el país, en la que un ex funcionario es condenado y pierde su patrimonio al no poder justificar el origen.

La sentencia de la jueza María Paz Gallardo, a cargo del Primer Tribunal de Gestión Asociada, determinó que la pareja dejará de ser la propietaria de dos lujosas casas y un departamento. Lobos y Sgró, que son juzgados en un proceso penal por enriquecimiento ilícito .no pudieron explicar los orígenes lícitos de parte de su patrimonio, provenientes del tiempo en el que se desempeñaban en la función pública.

"Por tanto, corresponde admitir parcialmente la demanda incoada por el Ministerio Público Fiscal de la Provincia de Mendoza y declarar extinguido el dominio respecto de los bienes inmuebles", asentó Gallardo, quien aclaró que "ninguno de los bienes objeto de la presente acción fue incorporado al patrimonio de los demandados con anterioridad a la fecha en que ingresaron a la función pública".

Es decir, entre el 1 de octubre del año 2000 y el 23 de noviembre del año 2015 en el caso de Sgró, y entre el 28 de noviembre de 2003 y el 26 de noviembre de 2015 para el ex intendente peronista.

Las dos casas expropiados se encuentran en Guaymallén y estaban a nombre de Lobos. La tercera es un departamento, a nombre de su esposa. Como lo indica la normativa provincial, el dinero obtenido de los remates será destinado a la construcción de escuelas.

Una concejala robó donaciones

Un fiscal penal imputó a una concejala radical de Tartagal, Paola Alejandra Díaz, y a su hermana, que es defensora oficial, por el presunto desvío de donaciones de mercadería destinadas a comunidades originarias del norte salteño por la emergencia socio-sanitaria declarada a principios de 2020.

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El escándalo se disparó a raíz de una denuncia de la hermana mayor de ambas, que las acusó en una denuncia periodística de vender donaciones recibidas hace un año para las comunidades wichí de la zona. Lo hizo por video a través del canal Video Tar, de Tartagal, y otros medios.

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