Brasil, Dominicana, Paraguay y Perú son los países de origen.
Neuquen > Un informe elaborado por la relatora especial de las Naciones Unidas sobre Tráfico y Trata de Personas, Joy Ezeilo, da cuenta que la trata con fines de explotación laboral y sexual creció en la Argentina. El documento se dio a conocer en los últimos días después de que Ezeilo visitara la Argentina en septiembre de 2010, invitada por el gobierno nacional, cuando mantuvo reuniones con integrantes del Ministerio de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos, de la Policía, de la Corte Suprema de Justicia y miembros del Poder Judicial como también de organizaciones no gubernamentales que luchan contra estos delitos.
El objetivo de la visita de Ezeilo fue el de conocer la estructura legislativa e institucional, las políticas de la Argentina referidas a la lucha contra la trata de personas y la incorporación de las leyes internacionales sobre derechos humanos.
En el informe asegura que Argentina se ha convertido en un país de origen, tránsito y destino de víctimas de estos delitos dada la “porosidad” de las fronteras con Paraguay y Brasil, zona conocida como la Triple Frontera, “que es una región de tránsito común utilizada por los tratantes”.
El destino
Señala que como un país de destino, la mayoría de las mujeres y niños trasladados a la Argentina para explotación sexual “provienen de Brasil, República Dominicana, Paraguay y Perú”. En tanto, las víctimas de explotación laboral “son de Bolivia, Colombia, Dominicana, Perú y Paraguay”. Por otra parte, indica que como país de origen y tránsito, “mujeres y niñas destinas a la explotación sexual en otros países latinoamericanos y europeos, mayoritariamente Italia y España”.
Resalta que la mayoría de las víctimas de trata en la Argentina, incluidas aquellas que provienen desde Brasil y Paraguay, “provienen de situaciones de inestabilidad económica donde ni sus necesidades básicas, ni las de sus familias están satisfechas y sin medios reales de mejorar socialmente debido a sus bajos niveles de educación”.
En cuanto a las redes de trata que operan en la Argentina, la relatora de la ONU explicó que “varían desde organizaciones complejas que operan en todas las etapas del proceso de la trata (reclutamiento, secuestro, transporte y explotación de víctimas) hasta propietarios de burdeles, que reclutan o secuestran a sus víctimas directamente para explotarlas en sus establecimientos o para venderlas a otras personas”. Y agrega que la participación de funcionarios públicos corruptos y la policía “facilita el funcionamiento de estas redes”.
Explotación laboral
También el documento hace referencia a la trata con fines de explotación laboral. Ezeilo recopiló información sobre la existencia de talleres textiles que funcionan en provincia y ciudad de Buenos Aires “donde los trabajadores migrantes son explotados”. “Los talleres ofrecen sus servicios a las grandes marcas comerciales, tanto nacionales como internacionales. Los trabajadores son obligados a trabajar y vivir en las instalaciones, donde les retienen sus documentos y su libertad de movimiento es totalmente controlado”, describe. Y cita el trabajo de una ONG que “ha identificado unos 600 talleres clandestinos en el país que trabajan para más de 103 marcas” y que también “denunciaron casos ocurridos en la industria avícola y en las distintas labores agrícolas en las diferentes economías regionales”.
“Los casos examinados por las ONG revelan que muchas víctimas son atraídas desde el extranjero, principalmente Bolivia, mediante falsas ofertas de empleo que a veces se encuentran escritas en la lengua materna de los reclutados. Los tratantes operan con la ayuda de las empresas de transporte que, a veces, tienen acuerdos con los guardias de fronteras para permitir que los migrantes ingresen al país sin los documentos apropiados. Una vez que los trabajadores arriban, sus documentos son retenidos, son endeudados, sometidos a duras condiciones de trabajo y encerrados en los talleres”, describe el informe.
La relatora de la ONU señaló el fracaso de las autoridades en satisfacer las necesidades especiales de las víctimas de trata a lo largo de los procedimientos judiciales. Criticó las débiles penas previstas por la ley correspondiente en el Código Penal para los tratantes que pueden ser condenados de 3 a 6 años en los casos de trata de adultos, y de 4 a 10 años en los casos de que las víctimas sean niños.
Otra de las fallas identificadas por la relatora es la falta de investigaciones sobre los recursos financieros que deberían ser recuperados cuando se está tratando un caso de trata. “Esto es una carencia en las investigaciones relativas al crimen organizado en general, no sólo respecto a la trata. Investigando los recursos financieros del crimen y al mismo tiempo el crimen en sí mismo, la indemnización de las víctimas podría ser más sencilla y realizando dentro del mismo proceso penal”, concluye.