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La Justicia atrasó de manera vulgar. A la vieja usanza, es decir en secreto y a puertas cerradas, la justicia resolvió una audiencia de homicidio en la tarde de ayer, olvidando que el actual Código Procesal Penal lleva seis años de funcionamiento y que en su artículo 83 da cuenta que: “las audiencias serán públicas. No obstante el juez o tribunal podrá decidir fundadamente que se realice total o parcialmente en forma privada cuando: 1) Se afecte directamente el pudor, la vida privada o ello implique una amenaza para la integridad física de alguno de los intervinientes. 2) Peligre un secreto oficial, profesional, particular, comercial o industrial cuya develación cause perjuicio grave”.
Ninguna de estas excepciones se cumplían en la audiencia, de la cual la prensa ha participado en absolutamente todas hasta ayer, cuando la jueza de Garantías Ana Malvido resolvió aceptar el pedido de cerrar la audiencia esgrimido por el defensor Raúl Caferra y la fiscal Sandra Ruixo no se resistió ante la solicitud.
Todos estos funcionarios judiciales, que se olvidan también que son servidores públicos, ni siquiera nos dejaron acceder a la sala de Zoom para manifestarnos, como sí hubiésemos podido hacerlo en una audiencia presencial.
Se apropiaron de nuestro derecho a acceder a información pública y tomaron decisiones por nosotros y por la sociedad sin consultar.
Las responsabilidades, son de todos los funcionarios judiciales participantes de esa audiencia.
Del defensor Caferra por creer que la mejor forma de defender es ocultar, porque se puede tranquilamente pedir, cosa que se ha hecho, que no se difunda nombre ni imagen del acusado y la audiencia se realiza igual.
De la fiscal Ruixo por ser cómoda, no defender las garantías de publicidad que brinda el Código y elegir en el fondo que su trabajo no se vea cuando la finalidad es que todos los ciudadanos puedan conocer de primera mano el hacer de cada uno de los funcionarios judiciales.
Y de la jueza Malvido por avalar el secretismo y atrasarnos como sociedad. Su temor, doctora, a que la sociedad repudie sus decisiones la puede más y disculpe que me entrometa, pero sé lo que es el repudio, ya que a partir del surgimiento de las redes sociales nuestros lectores (muchos amparados en el anonimato) nos castigan con comentarios vehementes. Al igual que le pasó a usted cuando tomó la decisión de no avalar la formulación de cargos y dejar en libertad a los papás que abusaban de sus hijos en Canal V.
Por eso es tan interesante que los funcionarios salgan a la vereda como lo propone el Código Procesal Penal, para que sus decisiones no sólo sean públicas y a luz de la ley, sino también para que en la interacción con la sociedad sus decisiones gocen de un espíritu de época y no atrasen.
Deben rendir cuenta de sus actos todos los funcionarios judiciales, sépanlo de una vez, y al que no le gusten las condiciones que tiene el trabajo, sabe muy bien lo que tienen que hacer.
La justicia tiene que dejar de ser unas señoras y señores bien vestidos, con muy buenos salarios que residen en casas bonitas y muchos en barrios cerrados.
Todos los funcionarios son servidores públicos y si no se adaptan a los tiempos o no sirven en este nuevo sistema, sepan que nadie es imprescindible, si no pregunten en el cementerio cuántos imprescindibles hay.