El subsecretario de Medio Ambiente y Protección Ciudadana de la Municipalidad, Francisco Baggio, salió a cruzar con los tapones de punta al defensor del Pueblo, Ricardo Riva. La controversia se originó en una resolución del defensor que insta a crear la Guardia Ambiental contemplada por una ordenanza de la ciudad. El funcionario del gobierno de Mariano Gaido concluyó que el defensor actúa de forma "malintencionada".
"La Guardia Ambiental es una figura dentro del municipio que desde el primer día de la gestión municipal puse en funciones. La ordenanza de la creación de Guardia Ambiental me tiene como uno de sus autores, conozco muy bien cada detalle de esa ordenanza porque la construimos en el Concejo Deliberante, cuando tuve un paso como concejal", dijo Baggio en una entrevista radial.
"Falta una reglamentación, que es una cuestión administrativa sencilla de resolver, y obviamente que lo vamos a hacer, si es el deseo del defensor del Pueblo", admitió.
"A ver, ningunear a la Guardia Ambiental, ningunear a sus trabajadores, decir casi que no existen, literalmente, como lo hizo, me parece una ofensa para ellos mismos. Me parece un destrato importante, y creo que no hay que dejarlo pasar. La Guardia Ambiental está en funciones desde el primer día, y hace un trabajo enorme en la ciudad", dijo Baggio.
Y después disparó con munición gruesa contra el defensor: "Hay una mala intención de Ricardo Riva", acusó. Baggio le endilga al defensor tergiversar circunstancias que conoce con el fin de perjudicar a la gestión de la Secretaría a su cargo.
Días atrás, el defensor del pueblo Ricardo Riva emitió la Resolución 183/2022 mediante la que instó al intendente Gaido a instruir con carácter de urgente la reglamentación de la Ordenanza 14.049, de modo de efectivizar el cuidado y protección ambiental de los ecosistemas que albergan las áreas protegidas de la ciudad.
Además, Riva requirió a Baggio que efectúe la reglamentación de la mencionada norma en su carácter de autoridad de aplicación, de modo de evitar una actitud administrativa regresiva y lesiva de las áreas protegidas tras dos años de sanción de la legislación municipal.