Abogados del organismo y oficiales de justicia constataron construcciones irregulares en el predio.
Este lunes, abogados del Consejo Provincial de Educación (CPE) y oficiales de justicia recorrieron el predio ubicado en la intersección de calles Crouzeilles y Punta de los Indios de la ciudad de Neuquén. El objetivo fue individualizar a las personas que se encuentran ocupando los inmuebles lote N°26 y lote N° 27 de forma ilegal.
El CPE, en su carácter de curador y protector de bienes designados por sentencia judicial, como parte de un proceso sucesorio, denunció incumplimiento de medidas cautelares y solicitó la constatación judicial. Asimismo, denunció la ocupación y venta irregular de los terrenos por parte de desarrolladores inmobiliarios y cooperativas de constitución irregular.
Tras detectar movimiento de suelos, loteos no autorizados y el avance de construcciones el CPE acudió a la justicia civil para exigir el cumplimiento de una medida precautoria de no innovar sobre los terrenos ubicados en el predio de Valentina Sur. La disposición cautelar se encuentra vigente hasta 2028.
En las últimas horas, el CPE radicó una denuncia en el Ministerio Publico Fiscal, ante la detección de loteos y ventas llevadas adelante en los últimos meses de este año por desarrolladores no habilitados, que intentan hacer negocio con tierras no aptas para la venta.
En el lugar se pudo constatar el asentamiento y edificaciones en marcha de algunas viviendas de particulares que no acreditan documentación válida que respalde la adquisición de los terrenos, dado
que los mismos, como se indicó, están bajo la administración del CPE. Se aclaró que hasta el momento no se ha realizado ningún convenio ni venta a desarrolladoras, mutuales, cooperativas o fideicomiso alguno, que habilite el accionar que se constata en ese sector del barrio.
Otra toma de un predio privado sumó momentos de tensión las últimas semanas. Está ubicado sobre la calle Pedro Genco al 6500, propiedad de la Asociación Civil Patagonia Rugby Club y donde estaba prevista la construcción de un complejo de viviendas.
La toma se inició el pasado 18 de agosto, cuando un grupo numeroso de personas —que llegó a convocar a cerca de 150 ocupantes— ingresó al terreno aprovechando la oscuridad de la noche para instalar carpas, armar casillas y encender fogatas.
A pesar de la intimación policial inicial y de contar con una orden judicial de desalojo dictada por la Justicia provincial, las familias se negaron a retirarse del lugar alegando la imposibilidad de afrontar los costos de un alquiler y la necesidad de una solución habitacional. Ante esto, la Fiscalía dispuso un estricto cerco policial para impedir el ingreso de materiales de construcción, agua y alimentos.
El avance de la causa penal derivó en una serie de allanamientos ejecutados por la Policía en los barrios Belén, La Estrella y Valentina Norte Rural, donde se detuvo a tres personas (dos mujeres y un hombre). En los procedimientos se secuestraron computadoras y teléfonos celulares con el fin de realizar peritajes informáticos.
Posteriormente, el fiscal Juan Narváez imputó a los tres acusados por el delito de usurpación por despojo en calidad de coautores, al comprobarse que figuraban como administradores de los grupos de WhatsApp y redes sociales utilizados para coordinar la toma.
Si bien el juez de garantías dio por formulados los cargos y abrió la investigación por un plazo de cuatro meses, dispuso la libertad de los sospechosos imponiéndoles medidas cautelares, entre ellas la restricción de acercamiento a menos de 100 metros del inmueble.