Pone el foco en los autores intencionales de incendios forestales. El tratamiento de la norma llega con alto consenso. El ajuste en planes como los del manejo del fuego, fuera de agenda.
En una reunión brevísima, pero no menos expeditiva, el Senado obtuvo esta semana un amplio consenso para firmar el dictamen que habilita el tratamiento en el recinto de la “Ley de Ecocidio” destinada a endurecer penas para quien cometan delitos contra el ambiente.
Los senadores acordaron incluir los delitos de “daño ambiental irreversible” y “daño ambiental especialmente grave”, dos figuras hasta ahora inexistentes. El dictamen fue acordado en el marco de una reunión plenaria de las comisiones de Justicia y Asuntos Penales y de Ambiente y Desarrollo Sustentable presididas por Gonzalo Guzmán Coraita (LLA) y la senadora Edith Terenzi, (Despierta Chubut).
La propuesta, que apunta a dotar al sistema judicial de mecanismos adecuados para enfrentar fenómenos delictivos que generan un grave impacto sobre los recursos naturales, los ecosistemas y la calidad de vida de la población, tendrá un decidido impacto en provincias como Neuquén en particular, y la Patagonia en general.
En efecto, Neuquén se vio afectada con la pérdida de 12 mil hectáreas como consecuencia de los incendios de 2024 en el Parque Nacional Lanín, con severas consecuencias ambientales. Y más recientemente, la Patagonia en su conjunto, tuvo el peor escenario en décadas, con incendios que afectaron una superficie de 61 mil hectáreas, la mayor parte de ellas en Chubut.
El proyecto centra su objetivo en la sanción a los responsables de este tipo de desastres ambientales, endureciendo los castigos, sin embargo, nada dice respecto de las responsabilidades del gobierno nacional en la administración de los recursos que destina a las provincias tanto para la prevención como para lucha de incendios forestales.
El presupuesto ejecutado para financiamiento destinado a prevención y contención de incendios siguió este año con una tendencia que prevalece desde 2023: caídas y subejecuciones en el Servicio Nacional del Manejo del Fuego, señaló un reciente informe de la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN).
FARN subraya que, desde el inicio de 2026 y hasta el 28 de enero (época crítica de los incendios forestales en la Patagonia), el Estado nacional ejecutó $323,32 millones de los $151.675,23 millones disponibles —apenas el 0,2%— correspondientes al programa “Acciones ante Desastres y Emergencias Socio-Naturales” y $221,11 millones —apenas el 3,25%— correspondientes a la actividad Manejo del Fuego dependiente de la Administración de Parques Nacionales (APN).
Por otro lado, señala FARN, el Gobierno nacional declaró la Emergencia ígnea en las provincias de Neuquén, Chubut, Río Negro y La Pampa mediante el Decreto 73/2026, pero esta reacción fue “tardía” y no asignó aún ningún tipo de fondo adicional para el combate del fuego o para la atención de comunidades y familias damnificadas. “La reacción llega una vez que el daño está hecho en materia de biodiversidad y viviendas, y no le da ningún tipo de beneficio o alivio a las personas y familias damnificadas”, concluye el informe.
Si bien la Ley de Ecocidio permitirá castigar penalmente especialmente a los que ocasionan desastres ambientales intencionalmente, deja expedito el camino al gobierno nacional para sostener sus políticas de reducción del gasto en materia de control y combate de los incendios, a tono aquella política inicial de La Libertad Avanza de minimizar los impactos del cambio climático, o peor aún, negarlos pese a las contundentes evidencias científicas.