Brindaron datos abrumadores que ayudan a entender lo que está pasando para que nazcan bebés con droga en su cuerpo. Dónde falla el Estado.
Los números fríos indican que en los hospitales públicos de la ciudad de Neuquén nacen, al mes, alrededor de 10 bebés con cocaína u otra sustancia tóxica en sangre. El incremento de casos preocupa a la Justicia, pero también dispara la necesidad de poner en palabras lo que está pasando y articular mejor con otros organismos del Estado para llegar con una respuesta rápida.
Detrás de las estadísticas, hay una pareja o una familia, ciertas condiciones de vida, indicadores de riesgo, un flagelo que avanza como una sombra sobre los sectores más vulnerables. Hablamos de mujeres, niños y adolescentes. Los jóvenes y su vínculo con la droga.
"Los contextos son situaciones de mucha vulnerabilidad. Familias jóvenes, con vidas muy precarizadas en cuanto a lo habitacional. En general no tienen casa o viven en lugares muy periféricos, sin acceso a los servicios o en condiciones inadecuadas. Por ahí alquilan un monoambiente o tienen su casa propia que es una casilla hecha con mucho esfuerzo. Hay hacinamiento y la red familiar está muy deteriorada", comentó Lorena Rivas, licenciada en Servicio Social de la Defensoría de los Derechos del Niño/a y Adolescente N°3 de Neuquén capital.
La mayoría tiene entre 20 y 30 años. Algunos son papás y mamás primerizos. Otros no, tienen varios hijos y hay una repitencia. Es decir, desde la defensoría detectan mujeres con tres gestaciones de bebés que presentan metabolitos positivos (para cocaína u otra sustancia). "Hay situaciones de consumo crónico, que llevan años", agregó la profesional.
En una entrevista con LMNeuquén, la profesional advirtió acerca de las adicciones, en el marco de una sociedad cada vez más consumista donde hay que tener cierto nivel socioeconómico para alcanzar un bienestar. "Muchas personas están en los márgenes, con períodos cortos de estabilidad socioeconómica y volviendo a situaciones de pobreza y desocupación. Todo esto tiene un efecto sobre sus vidas. No es gratuito", sostuvo Rivas.
Mamás y papás jóvenes, atravesados por el consumo de la droga, viviendo en condiciones muy precarias. Tal vez logran terminar la primaria, pero sus estudios secundarios son incompletos.
Por lo general, describió Rivas, están desocupados o acceden a empleos informales y transitorios, como tareas de cuidado y limpieza en una casa, albañilería y jardinería. "Entonces no tienen un ingreso fijo y estable; lo que pueden tener fijo es la Asignación Universal por Hijo o algún plan social como Potenciar Trabajo, o bien se vinculan a una organización barrial y contraprestan con tareas en algún merendero. Muchos se desempeñan en el ámbito de la construcción y últimamente notamos que hacen venta ambulante de productos panificados como rosquitas o tortas fritas, o compran ropa y la revenden. Claramente, no alcanzan a cubrir sus necesidades básicas", señaló la licenciada.
En estas condiciones de vida, aparece la droga muy a la mano, como una forma de aislarse o correrse de una realidad que resulta bastante insoportable y dolorosa, donde existe una dificultad muy grande de encontrar un espacio para hablar acerca de lo que les está pasando y que los contenga.
"En general consumen para escapar un rato y vivir un momento de disfrutarse o de olvido. Después se vuelve una dependencia, se hace recurrente y se genera una dependencia en el cuerpo. El consumo comienza a ser problemático, porque no hay un manejo de la voluntad y los empieza a afectar en su día a día", comentó Rivas.
Desde la defensoría, se advierte que la circulación y el consumo de sustancias prohibidas es cada vez mayor, y las personas que lo padecen ya tienen una cronicidad que resulta difícil de revertir. Muchos adolescentes "tomados" por la droga. Gente en situación de calle por todos lados, que vive a la intemperie con algún consumo.
"Nosotros estamos viendo eso, un aumento de la vulnerabilidad de las condiciones de vida", afirmó la trabajadora social. Trayectorias de vida que, además, pueden estar marcadas por la violencia, desde la infancia; y la desintegración de su familia.
Las consecuencias afectan de lleno los vínculos. Entonces, hay un papá o una mamá que no puede cuidar y estar presente para sus hijos. Las prácticas de cuidado elementales para su vida están en crisis. Desde el alimento hasta su descanso. De pronto los bebés que nacen con metabolitos positivos no encuentran dificultades de salud tan determinantes. "En general evolucionan bien y no hacen un síndrome de abstinencia. Los controles posteriores no muestran secuelas orgánicas", comentó. No obstante ello, el daño mayor se observa a nivel de sus necesidades básicas insatisfechas. Esto es así porque dependen 100% de una familia que está desintegrada y no los puede atender.
Los casos son registrados en los hospitales públicos, principalmente Heller y Castro Rendón.
Cuando el personal de Salud realiza los laboratorios sobre el bebé y los resultados dan positivos para cocaína u otra sustancia, su familia reconoce el consumo, pero según Rivas, "no lo problematiza. Está como naturalizado".
Es decir, lo minimiza. Por ahí, es común escuchar decir expresiones como "me pasó una vez, pero lo puedo manejar" o "la droga no me maneja a mí, yo manejo a la droga". Hay resistencia, negación. Cuesta conectar con lo que está pasando.
Rivas agregó que también aparece la angustia y el temor a que la Justicia le saque al bebé; o el enojo del progenitor que culpabiliza a la madre.
Los laboratorios pueden dar positivos si hay consumo hasta 15 días previos, en tanto quedan algunos residuos. En general, se trata de un consumo sostenido, de un problema de salud crónico.
Entre los indicadores de riesgo, se tiene en cuenta que los padres ya registren una problemática de consumo; que no problematicen o nieguen la situación; no accedan tampoco a las indicaciones y pautas de cuidado del personal de salud; que carezcan de una red familiar o no esté disponible para cuidar al recién nacido. Otro indicador de riesgo sobre el menor es que su mamá no haya realizado los controles de salud durante su embarazo o que éstos hayan sido muy espaciados; o bien, que haya registro de otras intervenciones por situaciones de familia; falta de acceso a derechos fundamentales como la vivienda y necesidades básicas insatisfechas.
"Si la mamá o el papá deja mucho tiempo solo al bebé, mientras se encuentra internado; no se le presta atención, no se atiende sus demandas", comentó la profesional del Ministerio Público de la Defensa, como otro indicador de riesgo.
Luego del alta médica, estas mamás y papás se muestran predispuestos a realizar un tratamiento. Pero al volver a su cotidianeidad, hay recaídas. Rivas reconoció que en ese punto fallan las instituciones. "Los dispositivos de Salud Mental no son convocantes y dejan de ir. Todo el sistema de Salud está muy abocado a las urgencias. También pasa que la Subsecretaría de Familia brinda atención a destiempo. Capaz que en área de admisión ven a la madre con mucha suerte en 6 meses. Es decir, no interviene el Estado de manera inmediata a través de sus órganos asistenciales, y ese es un problema. Nosotros, como defensoría, hacemos control y seguimiento, y vemos mucha dificultad en ese punto porque la familia necesita atención lo antes posible, no meses después", apuntó la trabajadora social.
Por eso, se constituyó una mesa de trabajo que aborda estas falencias en la respuesta que tienen que dar las instituciones. "Hay que fortalecer el sistema. Es importante ver qué es lo que tiene que hacer Salud, Familia y Defensoría para intentar agilizar los mecanismos y brindar atención lo antes posible", resumió la asistente social consultada.
El protocolo que se sigue cuando se registra un caso comienza por la detección que hace el personal de Salud, quien luego informa a la Defensoría. Se pide una interconsulta o una evaluación psicosocial de la familia. En estas situaciones, se trabaja por el cumplimiento de la Ley 2302 de Protección Integral del Niño y Adolescente y la Ley de Salud Mental.
La evaluación que se pide tiene que ver con establecer en qué condiciones está la madre de ese bebé, si se puede ocupar de su hijo o no; si reconoce la problemática, tiene voluntad de hacer un tratamiento y acepta ciertas pautas de cuidado. En su defecto, si hay una red familiar de contención que pueda asumir el cuidado del menor.
"En la mayoría de las situaciones se logra trabajar en el contexto de las familias, y que haya alguien de la red que acompañe a esa mamá y a ese niño/a", subrayó Rivas.
Por protocolo, cuando los laboratorios dan positivos para cocaína y otra sustancia en sangre, se inhibe la lactancia y el menor queda internado 7 días en el centro asistencial donde haya sido el parto, con el objetivo de seguir su evolución y no se presente el síndrome de abstinencia. Mientras tanto, recibe leche de fórmula. Por otro lado, desde Salud Mental se propone una estrategia de abordaje sobre la problemática del consumo.
"Vemos si uno de los progenitores no consume y tiene más registro de la situación o los dos consumen y hay red familiar que acompañe y se pueda hacer cargo del cuidado de ese bebé", acotó Rivas.
En esos casos, se busca que la red familiar extensa pueda asumir directamente el resguardo del menor. "Queda a cargo de otra persona como último recurso, cuando por ejemplo los padres niegan el consumo y no hay red familiar que cuide del bebé. Es una medida excepcional que define un juez. Entonces, la situación se judicializa. Esto implica la separación del niño o la niña, que puede ser alojado en una institución u hogar o puede ser incorporado a una familia solidaria. De cualquier forma, es una medida transitoria porque las leyes plantean garantizar la convivencia familiar del menor. Se indica a los progenitores que reviertan el cuadro para que pueda volver con ellos", concluyó.
La Defensoría trabaja en lo que tiene que ver con la promoción y restitución de derechos y generar mecanismos de visibilización para que el Estado implemente determinadas póliticas públicas.
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